Intentar acabar con el apoyo ciudadano a los desahuciados parece ser el propósito de la nueva medida que algunos jueces están realizando: el desahucio sorpresa. La orden de desalojo que emite el juzgado se pone sin fecha y queda así en manos de la policía la hora y día para realizar la medida. Esta nueva modalidad de desahucio por sorpresa está causando situaciones como la que afectó a Carmen, de la calle Olmo 21, en el barrio de Lavapiés de la capital madrileña.

Aún antes de amanecer, a las 7 de la mañana, un dispositivo policial compuesto por tres furgonetas de la UIP (Unidades de Intervención Policial) desalojó por sorpresa a Carmen, una joven madre con dos hijos, uno de dos años y otro de tan sólo 10 meses de edad. Carmen había recuperado una vivienda vacía de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) situada en la calle Olmo, 21, del céntrico barrio de Lavapiés. No obstante, según informa PAH Madrid, el desalojo se ha producido pese a que se había conseguido un acuerdo verbal con el juez.

En la tarde anterior, una comisión de PAH Madrid se reunía con el juez del caso y éste manifestaba su disposición a retrasar la orden desalojo debido a la complicada situación familiar de la afectada, madre de dos hijos, uno de ellos recientemente hospitalizado. Al día siguiente, por la mañana debía redactar una orden de aplazamiento que permitiría a Carmen mantenerse más tiempo en la vivienda. Sin embargo, la orden de desalojo, que ya estaba en manos de la policía, fue ejecutada por sorpresa a primera hora, antes de que abriesen los juzgados.

El viernes pasado le tocó el turno a otro vecino del barrio. Antonio, un hombre enfermo de 53 años, que fue desahuciado en la calle Tribulete. En este caso, una ejecución de desahucio por impago de alquiler, los vecinos y las redes de solidaridad por el derecho a la vivienda sí estaban avisadas y preparadas. Sabían el día y la hora en que acudiría la comisión judicial y la policía. Carmen no ha recibido siquiera esa información. El juez dio la orden de desalojo y la decisión del momento de ejecución pasó directamente a la policía. A partir de ahí solo cabe esperar a que en cualquier momento, y sin previo aviso, aparezcan las dotaciones policiales para desalojar a los inquilinos.

PAH Madrid estima que en “los casos de desalojo por recuperación de vivienda pública se está observando una tendencia cada vez mayor en la derivación a la policía de la decisión de ejecución y al desahucio sorpresa. El caso de Carmen no es el único. Hay más casos de desalojo pendientes”. Este procedimiento, que supone privar al afectado de conocer el día tope para la permanencia en su vivienda, se ha usado ya en al menos un caso de desahucio por impago.

Este “método de fecha abierta” también fue el elegido en el caso del bloque del ‘banco malo’ recuperado por la PAH en Salt (Girona). Una forma de actuación que dificulta la reacción popular para paralizar las ejecuciones.

Ante esta nueva forma de actuación policial, la actuación normal suele ser ayudar a la familia a buscar una vivienda una vez el desahucio se ejecuta, a la vez que utilizar los cauces de comunicación que se usan para tener lista la actuación frente a un desahucio sorpresa. Por si fuera poco la situación de penuria y desamparo en que se encuentran todas estas personas afectadas por la crisis y los desahucios, ahora hay que sumar la tensión que supone no saber en qué momento llegará la policía a echar tu puerta abajo y poner tus muebles y pertenencias en la calle.