Andalucía impulsa un proyecto de Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias frente a la banca. En concreto en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. El proyecto de Ley se ha elaborado con una alta participación social pero -siempre hay un pero- no tiene aún prevista una dotación presupuestaria, con lo cual puede pasar a integrar la categoría de papel mojado como muchas de las leyes que defienden la protección social en España.

FACUA Andalucía valora muy positivamente este proyecto de Ley, aunque pide mejoras concretas en algunos artículos. Tanto para reforzar la protección de los consumidores, como para que se refuercen los controles sobre la banca y las multas por incumplimientos.

El principal escollo para que esta ley resulte realmente efectiva es la falta de dotación presupuestaria para su puesta en marcha. En su comparecencia, Ruiz ha destacado que «este proyecto de ley, sin recursos económicos, no previstos expresamente en los presupuestos de 2016, y sin voluntad de control y supervisión de las conductas y prácticas bancarias resultará papel mojado».

Para FACUA Andalucía, la falta de medios y de protocolos de control del mercado eficaces para la protección de los usuarios es un asunto pendiente para la Junta de Andalucía, igual que ocurre en el caso de otras administraciones autonómicas, algo que permite a la banca cometer fraudes masivos con total impunidad, como viene haciendo en repetidas ocasiones.

Ruiz ha recordado que el proyecto de ley prevé la creación de un Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios en el ámbito de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía y creará órganos de mediación sectoriales. Y sin embargo, ninguno de estos nuevos organismos tendrá dotación presupuestaria propia, dado que ni está contemplado en la Ley de Presupuestos para 2016 ni el proyecto de ley se acompaña de una memoria económica. Todo esto, ha dicho la presidenta de FACUA Andalucía, «nos hace dudar que la loable intención de esta norma realmente vaya a cumplirse». Todo puede quedar en la consecución de unos titulares en la prensa sin que la Ley tenga ninguna consecuencia para la banca.

En cuanto al marco sancionador, la federación demanda un aumento sustancial tanto de las cuantías de las multas establecidas en el texto como de las fijadas en la ley andaluza de defensa de los consumidores de 2003, en la que se redujeron las sanciones fijadas en los años 80. También reclama que se tenga en cuenta el principio de proporcionalidad previsto en la legislación desde hace tres décadas y que nunca se ha aplicado, de manera que el importe de las multas represente varias veces las cantidades defraudadas. Además, FACUA Andalucía rechaza que el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores sea de diez meses, un plazo demasiado breve dadas las condiciones actuales y la falta de recursos. Este plazo tan breve provocará la caducidad de los expedientes, valora la Federación, algo que está medido para evitar problemas a los intereses financieros.

La Junta debe garantizar un control eficaz del mercado y la aplicación de multas ejemplarizantes ante los fraudes masivos, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. Aún están por ver las sanciones por las preferentes, la cláusula suelo y otros fraudes bancarios.

En su comparecencia ante la mesa de la Comisión de Salud del Parlamento autonómico, Olga Ruiz ha enumerado una serie de modificaciones puntuales propuestas por FACUA Andalucía para que se introduzcan a través de enmiendas en el texto de la ley y se aporte así un mayor grado de seguridad y protección a los consumidores.

Así, la federación reclama mayor claridad en la publicidad, de tal manera que se ejemplifiquen cuestiones como los servicios asociados al crédito, los intereses que tendrán que pagar, etc. «Consideramos que debe existir un contenido informativo mínimo obligatorio y básico en la publicidad», ha explicado Ruiz, que debe aportar información y al menos «identificar claramente qué se oferta y quién lo hace».

Antes de contratar una hipoteca, el usuario debe recibir explicaciones adecuadas y adaptadas a sus circunstancias. «Le corresponde a la entidad bancaria la acreditación de haber ofrecido la información necesaria para que el cliente sepa lo que está contratando», ha añadido Ruiz.

Además, FACUA Andalucía reclama que se amplíe el plazo de tres días hábiles previsto para que los usuarios puedan examinar el documento contractual o la escritura pública, máxime teniendo en cuenta que en muchos casos necesitan asesoramiento de terceros. “»El consumidor debe disponer de una información precontractual amplia», ha indicado Ruiz, así como «tiempo necesario para comparar ofertas y valorar las consecuencias de su decisión». En estos casos el usuario, que no dispone de asesoramiento legal, se encuentra presionado por la banca para firmar rápido y sin conocimiento de lo que realmente firma.