Finaliza la Comisión de Investigación que se constituyó en el Ayuntamiento de Madrid para esclarecer lo que sucedió en la venta de vivienda social a fondos buitre. Y lo hace como se esperaba,  aprobando el dictamen que asegura que la venta incumplió la legalidad y la función básica de la EMVS y no tiene justificación objetiva.

El anterior equipo de Gobierno, dirigido por su alcaldesa, Ana Botella, vendió 1860 pisos protegidos a fondos de inversión a un precio muy inferior al de mercado.  En la Comisión de investigación, que el Ayuntamiento de Madrid constituyó para esclarecer los hechos sobre esta venta,  han participado los cuatro grupos municipales y se ha realizado en cumplimiento de un acuerdo de Pleno tras la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Madrid.

El Ayuntamiento ha confirmado que se han iniciado acciones legales antes el Tribunal de Cuentas, para exigir la devolución de 127,2 millones de euros a la ex-alcaldesa Ana Botella, al Consejero delegado Fermín Osle, la delegada de Gobierno en la Comunidad de Madrid Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. El documento final también recomienda que el Ayuntamiento de Madrid se adhiera al procedimiento penal existente contra ex directivos de la EMVS, la reprobación en Pleno y el estudio de una denuncia ante la Comisión Europea. Se recomienda, además, declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas.

Como dato a  tener en cuenta, Zurich, la compañía aseguradora con la que el Ayuntamiento de Madrid tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil, para cubrir a su alcalde y concejales, se ha negado a facilitar los abogados a los encausados, al entender que la póliza no está para asumir responsabilidades penales y con cualquier posible responsabilidad sucederá lo mismo.

Según las conclusiones a las que ha llegado el informe de la comisión, la venta de esas viviendas, impulsada por Botella y su equipo,  impide el desarrollo de la finalidad básica de la EMVS y su fin social y que la venta solo se puede entender como una operación únicamente beneficiosa para la parte compradora. Además, determina que la venta de los inmuebles no tenía justificación, que hubo una opacidad en las actuaciones por parte de la EMVS y que hubo incumplimiento de la legalidad básica: el proceso de venta contravino la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación.

El quebranto económico y perjuicio patrimonial para la EMVS es, según las conclusiones de la investigación, superior a los 162 millones de euros ya que, el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros, frente a los 128,5 millones pagados.

A juicio del Ayuntamiento,la actuación de la EMVS y el equipo de Gobierno de Ana Botella con los arrendatarios, fue “un desprecio absoluto a los derechos y dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas, negándoles la condición de interesados en el procedimiento”.