Pasado el primer tirón de los certificados energéticos, en el que todos los implicados se lanzaron a una carrera desenfrenada por disponer del mismo para vender o alquilar la vivienda, llegó el relax. Y con el relax, los propietarios se lo repensaron, y aunque la competencia entre los profesionales había bajado los precios, decidieron que ya pagarían el certificado cuando vendieran o alquilaran la vivienda. Eso, a pesar de que la ley dice claramente que para tomar la acción de venderla o alquilarla, hay que disponer del certificado energético. Pero como no pasaba nada se decidió no hacer nada.

Así las cosas, y tras más de tres años desde la promulgación de la legislación, el Gobierno de Navarra ha decidido que el plazo prudencial ya se ha cumplido de sobras y ha comenzado a pasar a la acción. Y como siempre sucede en estos casos ha ido a lo más fácil, poniendo en el punto de mira a los profesionales que se ganan la vida vendiendo o alquilando las casas de los demás, de los propietarios de las viviendas, que son los que deben pedir y pagar el certificado energético.

De momento, ha comenzado a imponer multas, de alrededor de 300 euros, a las agencias inmobiliarias que dispongan, entre su cartera de inmuebles en el mercado, de viviendas carentes del certificado. Y no mira tan sólo en los escaparates de las oficinas, sino que también bucea en las webs empresariales buscando los inmuebles «ilegales» en venta o alquiler. ¡Atención a las webs!

Así las cosas, las agencias inmobiliarias del Reino de Navarra, que no consiguen que sus clientes paguen el coste del certificado, están eliminando de su cartera de clientes todos los inmuebles que no cumplan los requisitos legales. Al menos están haciendo que no se puedan ver, ¿pero para que sirve tener inmuebles en cartera si los posibles compradores o arrendadores no los pueden ver?. Y no es baladí la situación ya que en algunos casos supone más de la mitad de la cartera de viviendas en venta o alquiler. Pero es que la primera multa ha sido de 300 euros y las siguientes superarán esa cifra por reincidencia.

El resto de las comunidades autónomas, que son la administración competente, puede imitar a la navarra y pasar también a la acción. Hay mucho infractores a los que poder poner multas y lo común entre las distintas administraciones es que tienen sus arcas siempre necesitadas de recursos. La actuación, en cuanto se extienda, puede suponer un nuevo impulso a los profesionales del certificado y un gran problema para los intermediarios inmobiliarios, porque es el propietario del inmueble que gestionan el que debe contratar y pagar el certificado energético. Pero como siempre, parece más fácil «subcontratar» la gestión investigadora al profesional inmobiliario, aunque se le perjudique claramente. ¡Y cuidado con falsear que están comenzando a pedir físicamente los certificados!