El Ayuntamiento de Barcelona, de Colau,  ha abierto 5 expedientes sancionadores a Endesa, por incumplir la Ley de pobreza energética, y que pueden cerrarse con multas de 700.000 euros en cada caso. Se trata de las primeras multas impuestas por el gobierno municipal de Colau a una compañía suministradora por este concepto.

El consistorio ha notificado a la compañía tres de las propuestas de resolución, motivadas al detectar que la eléctrica no había solicitados al servicio social el preceptivo informe de exclusión residencial, antes de proceder al corte de los suministros eléctricos.  Los otros dos expedientes se han cerrado y se notificarán en los próximos días a la teniente de alcalde Laia Ortiz, de Derechos sociales.

En todos los casos, se trata de cortes que se van a producir en domicilios de familias vulnerables después de la aprobación de la ley 24/2015 de pobreza energètica, y que se han detectado a través de los puntos municipales de asesoramiento energético que el consistorio puso en servicio a principios de año. La cuantía de las sanciones, que en conjunto suman la cantidad de 350.000 euros,  se ha calculado teniendo en cuanta la base sancionadora que dispone el código de consumo catalán.

Ortiz ha insistido que el objetivo del gobierno municipal no es sancionar, pero si el de ser estrictos a la hora de exigir el cumplimiento de la ley vigente, que ha sido validada por el Tribunal Constitucional, y que ha de servir como garantía para que todos tengan acceso a los suministros básicos,  con independencia de su condición económica.

Endesa pretende recurrir

Fuentes de Endesa, queriendo quitar importancia a su vulneración de los derechos sociales,  señalan que no hay todavía una sanción firme sobre la mesa y que los expedientes aún están abiertos y pueden recurrirse por la vía administrativa además, que, con posterioridad, puedan terminar en los tribunales. Las mismas fuentes de la empresa lamentan el anuncio de sanción hecho por el consistorio, con el procedimiento todavía abierto, porque así se vulnera el derecho a defenderse de la compañía y la presunción de inocencia.

El ayuntamiento también ha presentado un recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo contra el Real Decreto 897/2017  que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección de los consumidores domésticos de energía eléctrica, al considerar que la consideración que se hace de las situaciones de exclusión social es contraria a la Constitución . El consistorio entiende, además, que el real decreto invade las competencias en materia de servicios sociales de Cataluña y Barcelona, vulnerando, además, la directiva europea que prevé la posibilidad de definir el suministro eléctrico como un servicio público en determinadas circunstancias.