El Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado e incorporado a su parque municipal de vivienda por un período de diez años, un inmueble propiedad del BBVA que llevaba más de dos años vacío. Esta ha sido la primera vez que se recurre a una expropiación forzosa del derecho de uso de una vivienda por motivos de interés general.

La expropiación del derecho de uso se ha hecho en aplicación del artículo 15 de la Ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que vuelve a estar en vigor tras levantarse la suspensión que interpuso el Tribunal Constitucional (TC) a instancias del Partido Popular.

La medida tiene lugar en un momento en que los desahucios descienden en la ciudad condal un 23,1% entre los años 2015 y 2018, que son los que lleva Ada Colau al frente de la Alcaldía. En el mismo período de tiempo, según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios descendieron un 7,22% en el resto de Cataluña.

En total, en Barcelona hubo unos 10.700 casos de desahucio entre 2015 y 2018: 3.098 desahucios en el 2015, 2.691 en el 2016, 2.519 en el 2017 y 2.381 en el 2018. Fuentes municipales achacan este descenso en Barcelona a la fortaleza de los movimientos sociales y el papel trascendental de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), departamento social creado por Ada Colau . La UCER atendió a 2.270 familias en 2018. Según datos del consistorio,  el 92% de los atendidos encontraron una «solución definitiva». De estos, solo un 12%, pudieron  quedarse en su vivienda, pactando un alquiler social con el propietario.