En su intento por promover el alquiler social de la vivienda y controlar el fraude que algunos propietarios realizan con sus viviendas de protección oficial, el Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 196.000 euros al propietario de una vivienda VPO. La multa se ha impuesto  por no vivir en ella y destinarla a alquiler sin la autorización de la Agencia de la Vivienda de Cataluña poniendo, además, un precio muy por encima del autorizado.

Con esta sanción, que es la primera que se certifica,  el Ayuntamiento de Barcelona da credibilidad al programa de inspección de unas 16.000 viviendas calificadas como de protección oficial. Las inspecciones son realizadas por funcionarios de la Generalitat fruto de un acuerdo  entre las dos administraciones.

La sanción impuesta es consecuencia de la inspección realizada ya en algo más de 1600 viviendas, lo que ha provocado además, la apertura de hasta 14 expedientes sancionadores a propietarios que mantenían las viviendas desocupadas, sin haber avisado previamente de la situación a la Agencia de la Vivienda de Cataluña y no contar, por lo tanto, con su preceptivo permiso.