La reciente aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha puesto el foco en la gestión municipal de los residuos. Esta normativa obliga a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa de basuras que refleje el coste real del servicio, incentive la reducción y el reciclaje, y penalice a quienes más ensucien. Sin embargo, a casi un año de su implementación, numerosos municipios parecen haber limitado esta obligación a un simple incremento de la tasa, sin que existan mejoras reales en la gestión de residuos ni criterios claros de proporcionalidad.

En muchos municipios se han limitado casi en exclusiva a subir la tasa sin justificar el incremento

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado irregularidades en la aplicación de la tasa de basuras en ciudades como Madrid, Badajoz, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora, aunque se están revisando ordenanzas de otros municipios para confirmar más casos. Según la asociación, en muchos ayuntamientos la tasa se ha incrementado sin justificar los costes reales del servicio, sin implementar mejoras en la recogida, transporte y tratamiento de residuos, y sin contemplar incentivos que premien el reciclaje o la reducción de basura.

No se están teniendo en cuenta los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor

Uno de los puntos más críticos es que la tasa no debería cobrarse sobre productos que ya incluyen costes de reciclaje mediante los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor. Estos sistemas, financiados con cargo a los consumidores en el momento de la compra, buscan cubrir la gestión y tratamiento de residuos, de manera que la duplicidad de cobro por parte del ayuntamiento resulta cuestionable desde un punto de vista legal y económico. FACUA advierte que esta situación puede implicar un doble pago para los ciudadanos, vulnerando el principio de proporcionalidad que establece la Ley 7/2022.

No se están incluyendo incentivos a comportamientos que requieren la identificación del usuario

Otro requisito de la normativa es la individualización del coste según la capacidad de generación de residuos de cada contribuyente, incluyendo bonificaciones para familias vulnerables o colectivos en exclusión social y la introducción de incentivos para quienes reciclen correctamente. En muchos municipios, estos criterios no se han aplicado, y la tasa se calcula de manera generalizada, sin distinguir entre comportamientos responsables e irresponsables en la gestión de residuos domésticos. Esta falta de aplicación limita la eficacia ambiental de la normativa y reduce la credibilidad de las administraciones locales.

Cómo reclamar

Para quienes detecten irregularidades en la aplicación de la tasa de basuras, FACUA ha habilitado la plataforma FACUA.org/basurazo, donde los ciudadanos pueden acceder a modelos de reclamación para presentar ante su ayuntamiento. La recomendación es pagar la tasa y luego presentar el recurso, ya que este trámite no paraliza la obligación de pago. Los vecinos disponen de 30 días desde la notificación del cobro para interponer el recurso, y la administración municipal tiene un mes para resolverlo.

¿En qué municipios se ha cobrado mal?, pero puede haber más

Hasta la fecha, los casos más documentados se concentran en Castilla y León: Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora, así como la capital Madrid y Badajoz. Sin embargo, FACUA sigue analizando ordenanzas de otros municipios para detectar posibles cobros indebidos. Los ciudadanos de localidades no incluidas en la plataforma pueden ponerse en contacto con la asociación para que estudie su caso y prepare un recurso adaptado.

El componente político y de gestión municipal

La polémica sobre la tasa de basuras no solo tiene un componente económico, sino también político y de gestión. Muchos ayuntamientos han visto en el aumento de la tasa una forma de generar ingresos adicionales sin acompañarla de mejoras visibles en la gestión ambiental. Esta práctica, además de vulnerar la normativa, genera desconfianza entre los contribuyentes y evidencia la necesidad de supervisar y auditar la aplicación de la Ley 7/2022 para garantizar transparencia, proporcionalidad y eficiencia en la gestión de residuos urbanos.

En conclusión, la aplicación irregular de la tasa de basuras pone en evidencia las dificultades que enfrentan los ayuntamientos para implementar correctamente las directrices europeas y nacionales en materia de economía circular. Los ciudadanos tienen derecho a reclamar devoluciones cuando el cobro no se ajusta a la ley y las autoridades locales deben garantizar que el servicio se facture de manera justa, incentivando el reciclaje y penalizando la generación excesiva de residuos, tal y como establece la normativa vigente.

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