El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sacado a consulta pública el proyecto de Ley Estatal del Derecho a la Vivienda que tiene como objetivos armonizar la normativa autonómica sobre vivienda, incluso en términos fiscales, e incitar a los propietarios a poner sus viviendas vacías en el mercado del alquiler para rebajar la presión que actualmente afrontan los inquilinos.
El proyecto estará disponible durante 15 días para que las entidades y organizaciones interesadas puedan hacer sus aportaciones de cara a la configuración del texto definitivo.Todo ello con la intención de conseguir avanzar en la creación de un parque de vivienda para alquiler asequible.
La actuación del ministerio se debe a que el acceso a la vivienda, bien sea en propiedad o en arrrendamiento, es uno de los mayores problemas sociales en España desde hace décadas. Situación que se ha acentuado en los últimos años al calor del incremento de las rentas y de las dificultades para conseguir financiación hipotecaria. A la consideración de la vivienda como bien de inversión se suma el caos legal que se extiende por todo el país y que, en la práctica, supone que los ciudadanos no son considerados por igual cuando se trata de sus derechos o deberes en materia de vivienda.
El ministerio dirigido por José Luis Ábalos ha lanzado varias iniciativas para tratar de atajar ambos problemas -el administrativo y el de la subida indiscriminada de los precios-, sin mucho éxito, al menos de momento. La nueva ley, según Ábalos, «establece un completo marco de acción en favor de una oferta» de vivienda en alquiler a precios asequibles y, de paso, obligará a las comunidades a modificar sus respectivos marcos normativos para adaptarlos a la nueva legislación cuando sea aprobada.
Como más importante novedad a tener en cuenta la ley quiere definir los conceptos de gran tenedor o el de vivienda vacía, con el objetivo de empujar a los propietarios a poner sus inmuebles en el circuito del alquiler. Y ello se debe a que en la actualidad no existe en España una calificación única de lo que se considera vivienda vacía, por lo que resulta imposible cuantificar el número de inmuebles en esa situación. De esta manera, el Ejecutivo pretende resolver un doble problema: subsanar la ausencia de significado y elevar la oferta disponible controlando más la situación.
La nueva ley quiere convertirse en una armadura legal para blindar la función social de la vivienda y aumentar el reducido parque de vivienda pública con fines sociales. En este sentido y para poner negro sobre blanco el problema y acabar con tanta especulación, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado el Boletín Especial de Vivienda Social, que recoge la evolución de la promoción de vivienda protegida en España entre los años 1981 y 2019.
En los últimos 40 años el 21,6% de las viviendas construidas fueron protegidas; en concreto se levantaron 2,37 millones de casas protegida, pero destinadas a la venta, frente a 8,6 millones de viviendas libres. En 2019, apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para el alquiler lo que nos coloca a la cola de Europa en este tipo de viviendas.
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