El plan de 20.000 viviendas en alquiler, con el que el Ministerio de Fomento intenta paralizar la burbuja que está incrementando los precios del arrendamiento, comenzará con la construcción de 525 viviendas en Valencia. Es lo que ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos  que explicó que estos inmuebles forman parte de los primeros 5.300 que se repartirán entre Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla e Ibiza.

Ábalos ha indicado que en Valencia comenzarán a construirse  375 pisos en la zona del Parque y Maestranza de Artillería de la ciudad, dentro de un proyecto de viviendas que ya está en marcha y otras 150, en el Parque Central de Ingenieros, donde también hay en construcción una operación inmobiliaria.

Todas estas viviendas previstas en Valencia están destinadas a ser alquiladas a precios asequibles con la idea de contener la escalada de precios que, por ejemplo, en Madrid ya ha ocasionado una subida del 60% en los últimos años. El plazo para el inicio del proyecto será de 15 días, una vez se realice la firma de un convenio entre Helena Beunza, secretaria general de Vivienda; Alejandro Soler, director de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y Vicent Sarrià, concejal de Urbanismo de Valencia.

La construcción de este complejo residencial social en alquiler, en la zona del Parque y Maestranza de Artillería, se realizará a través de la empresa de suelo público Sepes. Para ello, Fomento ha transferido a esta entidad una dotación de 21,5 millones de euros con el objeto de iniciar el proyecto de estos 5.300 primeros pisos.

El proyecto comenzado en Valencia para la construcción de estas viviendas sociales en alquiler forma parte del plan de medidas urgentes en materia de vivienda que Fomento  aprobará a través de un Real Decreto Ley. El resto de las medidas de este Decreto pasa por reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar los plazos de los contratos de alquiler y limitar las garantías que pueden pedir los dueños de los pisos. Además se establecerá un procedimiento especial de desahucio para «las personas más vulnerables» y una reforma de impuestos ligados a la vivienda para estimular la oferta residencial en alquiler.