La proliferación de pisos de uso turístico en Barcelona se está convirtiendo en un problema y teniendo ese modelo muy cerca, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha optado por ponerle coto a la situación, y por eso, ha decidido prohibir el alquiler de pisos turísticos. Las razones del consistorio de Palma son similares a las que Colau en Barcelona está esgrimiendo frente a este fenómeno: no fomentan el turismo sostenible, elevan los alquileres de las viviendas y expulsan a los habitantes tradicionales de los barrios afectados.

Con la normativa ya aprobada, la campaña comenzará en serio este verano. Así, los inspectores municipales podrán sancionar con multas de hasta 40.000 euros a los propietarios de pisos turísticos activos. Y es que según el municipio, en el 90% de los casos la actividad es ilegal, afectando a casi 3.000 inmuebles del centro turístico de Palma de Mallorca.

Actuando de esta forma y haciéndolo antes que que se de el pistoletazo de salida al grueso de la actividad turística, Palma de Mallorca toma la delantera a la prevista Ley autonómica que se está preparando. Esta Ley, que deberá aprobarse en el Parlamento, donde no se prevé que pase por ninguna dificultad, intenta prevenir conatos de colapsos turísticos, como los que se produjeron el pasado año. Con la Ley aprobada en el Parlamento balear, los municipios de las islas tendrán el derecho y la obligación de ponerla en marcha y fijar sus límites geográficos.

La situación en Palma de Mallorca está comenzando a tensarse demasiado y el precio de los alquileres ha crecido un 40% en los pasados cuatro años, achacándose a la proliferación de éstos inmuebles la subida de los alquileres y el progresivo despoblamiento que se está produciendo en el casco histórico de la ciudad. Sus habitantes, personas mayores en muchos casos, no pueden pagar las cantidades que se están imponiendo y marchan de sus barrios de toda la vida al no poder acceder a una vivienda digna.Con la subida de los alquileres, sube el ratio de lo que deben de pagar los hogares por el arrendamiento con respecto a la renta media, superándose ya el 36% de los ingresos mensuales.

Otros datos que ha tenido en cuenta el consistorio de Palma son que 15 particulares tienen en sus manos el 10% de los alquileres turísticos de la ciudad y que, ciñéndonos al casco antiguo, encontramos que entre 7 personas se comercializan el 15% de las viviendas. Además, el 60% de los comercializadores alquilan más de dos viviendas. Todo ello, a la vez que se observa como suben de forma imparable los desahucios por impagos de alquileres en el centro histórico, en concreto un 60% en 2016 respeto el año anterior. El ayuntamiento de Palma estima que en estos últimos cuatro años el número de plazas en establecimientos turísticos en el centro histórico ha pasado de 1.857 plazas en 2014 a 2.838 plazas en 2017, es decir, ha aumentado un 65%.