Dejar que los fondos de inversión se hicieran con vivienda en nuestro país fue un error o un delito, que muchas familias pagarán con todo lo que tienen. El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha denunciado que el fondo de inversión Blackstone está preparando el desahucio de casi 60 familias que viven en dos bloques de viviendas de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y lo están haciendo sin importarles la situación de alarma que vivimos por la emergencia del coronavirus.
Son los vecinos de 50 viviendas de la calle Francisco Salzillo nº 7 y de otra decena de pisos del nº 4 de la calle Juan Gris de Torrejón. Dos bloques del barrio del Soto del Henares que, construidos como viviendas de protección pública, fueron vendidos en 2015 por el ayuntamiento de Madrid, siendo alcaldesa Ana Botella del Partido Popular, que fue exonerada de todas las responsabilidades en un procedimiento plagado de irregularidades.
El fondo de inversión Blackstone, que es el fondo buitre con mayor propiedad de viviendas en España, representado en este caso por Fidere, está intentando generar una falsa situación de impago para interponer demandas judiciales y agilizar el procedimiento de desahucio. Quedan por ver los hilos que moverá para poder hacerlo en una situación en que la Justicia se encuentra casi paralizada.
La situación que puede desencadenar el desahucio de los habitantes de estos bloques de Torrejón de Ardoz, a los que accedieron como de propiedad pública y con unos alquileres protegidos, comenzó cuando el pasado año los inquilinos se negaron a firmar unos nuevos contratos de arrendamiento con unas desmesuradas subidas del alquiler. Estos inquilinos continuaron pagando sus mensualidades hasta que Blackstone las devolvió todas de una vez en una maniobra ya habitual en este tipo de procesos.
El siguiente paso del fondo buitre será demandar a los arrendatarios por impago y forzar su desahucio. La devolución de las cuotas se ha realizado aprovechando la situación generada por la pandemia de la covid-19, ya que el estado de alarma impide que los inquilinos depositen sus rentas en el juzgado como muestra de que continúa existiendo «intención de pago».
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