Con la legislatura más corta de la democracia, apenas nueve meses, era inevitable que muchas cosas quedaran en voluntades y no se plasmaran en leyes. Lo que era impensable es que grandes cuestiones protagonistas de los últimos años quedaran sin resolver por vanas discusiones entre los partidos progresistas. Pero así ha sido. Y con el fondo de la irresponsabilidad de los partidos catalanes dando la espalda a los presupuestos de Sánchez, el real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que Podemos se negó a apoyar,  ha quedado sin tiempo para renegociarse. Lo dejamos para la próxima, si es que vuelve a darse la oportunidad, que hasta el 29 de abril quedará como incógnita.

No ha sido una buena decisión por parte de Podemos, que puede haber dejado pasar la oportunidad de disponer de una legislación mejor que la heredada de Rajoy. Tras de su negativa a Sánchez, se ocasionó la derogación del real decreto y la vuelta a  la situación de los alquileres al 18 de diciembre, sin efectos retroactivos.

Con la intención de facilitar el alquiler y proteger a los inquilinos, el real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que se fue y no se sabe si volverá,  ampliaba de tres a cinco años los contratos de alquiler y hasta siete si el arrendador era una persona jurídica. La prórroga tácita del contrato pasaba también de uno a tres años y limitaba a dos mensualidades la fianza que se podría exigir a los arrendatarios, así como la obligación de que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, asumiera los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

La norma mejoraba además la coordinación de los servicios sociales y los tribunales en casos de desahucios, contemplando cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos que afectaran a personas o familias vulnerables, para que se paralizaran los procedimientos hasta que se encontrara por parte de las administraciones implicadas una alternativa habitacional.

El decreto también quería intervenir en la vivienda turística, modificando la ley de propiedad horizontal para permitir que fueran necesarios tres quintos de los vecinos para aprobar la actividad turística en sus edificios, así como que dichos apartamentos deberían aportar más a los gastos comunitarios por las molestias y la mayor utilización de zonas y equipamiento común.

Al ser una medida política, que intentaba solucionar los problemas de una gran cantidad de españoles, los más desfavorecidos, pretendía no meter, en exceso el dedo en el ojo al resto. Y por ello se quedaba corto en determinados conceptos, como la inexistencia de medida alguna  para forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas que señala el INE que existen, y aunque reconocía la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adoptaba ninguna medida para abaratarlos. Tampoco intentaba limitar los incrementos de renta vinculándolos al IPC,  que parece lo más lógico. Y para finalizar, lo que fue su puntilla, “olvidaba”  la medida más luchada por Podemos, para poder intervenir en las denominadas zonas tensionadas y elaborar índices de referencia de los precios de alquileres dejando a los ayuntamientos su control.

Todo ello se fue por el sumidero de la discusión y salvo para los afortunados que firmaron sus contratos de arrendamientos los días de vigencia del real decreto, para el resto se tomará como referencia la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que hizo el Gobierno del PP en 2013.

Mejor suerte tuvo la norma que fija el alza de las pensiones por encima de la inflación prevista para 2019, pese a que Podemos también presionó en ese punto hasta el último momento. Se aprobó con 181 votos a favor, un no y 164 abstenciones (entre ellas las de los parlamentarios del PP y de Ciudadanos). El decreto se traduce en una subida del 1,6% como norma general y un 3% para las pensiones mínimas y no contributivas.

Si que se queda para mejor ocasión y con sorpresa incluida, el mecanismo de revalorización, pactado con sindicatos y empresarios y con los grupos parlamentarios a través del Pacto de Toledo.

Después de dos años de negociaciones y con dos distintos gobiernos llevando la batuta, el Pacto de Toledo se estaba acercando a finalizar sus recomendaciones sobre el futuro del sistema de pensiones y su revalorización anual que, tras unos años de congelación o subidas ridículas, parecía poder volver a vincularse al IPC. Con la fecha electoral ya dispuesta, llegaba el desafío de poder cerrar el acuerdo en unos pocos días. Y pareciendo, a priori, que la mayor parte de los partidos se mostraba dispuesto al logro de un acuerdo histórico, con el único miedo a que el PP volviera a sacar la lengua a los pensionistas, llegó la gran sorpresa: era Unidos Podemos quien pateaba el acuerdo y dejaba el Pacto de Toledo también para después.

La intención ya conocida por parte del PP era blindar el factor de sostenibilidad de las pensiones,  para que no pudiera ser derogado  y quedara siempre en la recámara asegurando la viabilidad del sistema. Era la única nube que podría generar, parecía, las desavenencias suficientes para impedir el acuerdo.

Pero no ha hecho falta que al PP se le vieran las vergüenzas, ha sido el grupo confederal de Unidos Podemos el que ha hecho su trabajo y ha tirado a la basura los dos años de arduas negociaciones anunciando votos particulares a la casi totalidad  de recomendaciones, olvidando que tan sólo eran tres los originales puntos de fricción: el mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años, el fomento de los planes complementarios de pensiones y los efectos del sistema contributivo en la igualdad de género.

El dedo de todos los grupos políticos señala a Unidos Podemos como inexplicable responsable de hacer volar el Pacto de Toledo por los aires. Y asumiendo la clave electoral como causante, han comenzado a hacer también campaña acusando al “populismo” de actuar en contra de los pensionistas y sus derechos, como sin vergüenza alguna ha expresado Ciudadanos.

Todas las campañas electorales nos ha dejado imágenes de camas ocupadas por parejas o tríos poco avenidos, pero esta, con la irrupción de Vox en el gallinero, promete ser divertida. Por de pronto la primera imagen, para desgracia de los pensionistas, que van a tener que esperar de nuevo a la próxima legislatura, es la del PP y Podemos utilizando los mismos argumentos – “las prisas no son buenas consejeras”- y satisfechos ambos de haber dejado el Pacto de Toledo sin acuerdo.

Ya estamos en campaña electoral y los discursos políticos sustituyen a los argumentos en la siempre predispuesta boca de los políticos. Pero en el fondo, todos nos damos cuenta que el acuerdo estaba ahí y el electoralismo de Podemos ha conseguido, como en el caso de los alquileres, dejarnos sumidos en la melancolía del podía haber sido. Y ello con el agravante de que en la próxima legislatura las reuniones de la comisión del Pacto de Toledo podrían contar con Vox y una mayoría de fuerzas conservadoras, que dificultarán el acuerdo en los términos en los que se ha quedado encallado.

La perspectiva electoral no es buena para Podemos, sus disensiones internas, el mesianismo, la pérdida de gran parte de su patrimonio humano más conocido, e inexplicables actuaciones perseguidoras del “todo o nada” , dejándonos en nada, van a pasarle factura, sobre todo en un panorama de fortalecimiento del PSOE, que parte con el impulso de haber estado en el Gobierno y que pone como excusa para no haber podido realizar una política más de izquierdas, a la exigüidad de sus 85 diputados. También ayudará a su crecimiento la obcecación de Casado en recuperar la sangría de votos que por su derecha le han abandonado por Vox y que está dejando amplios espacios del centro derecha a Rivera, que a su vez cede el centro al PSOE…todo un movimiento migratorio del espectro político hacia la derecha para pescar votos. Esto es, lo que por desgracia para la izquierda progresista, ha conseguido la irrupción de Vox en el panorama político nacional. Irrupción que, por otro lado, era lógica teniendo en cuenta la perspectiva europea.

La responsabilidad de Casado en este movimiento es indiscutible, si se hubiera quedado en el lugar en que le dejó Rajoy, en lugar de ir a la caza de los votos de la extrema derecha que, por otro lado, es lo que le pide el cuerpo, el cambio de tendencias en los partidos políticos no sería tan brusco como el que se avecina. Y ya estamos viendo en estos últimos días sus consecuencias.

Con ser el mayor causante, no es sólo Casado el artífice de que la próxima legislatura pueda ser un tanto convulsa -también para él mismo en un partido que sigue con las espadas en alto- sin mayorías claras y con dos bloques antagónicos muy equilibrados. Los políticos catalanes están mostrando su ceguera al buscar la ruptura pensando en que ganarán con el victimismo y marchando de la mano con lo más reaccionario del PP, que si aún no ha emigrado a Vox es por la manifiesta ausencia de sillas, pero todo se andará. Algo de cordura queda en el PSOE y más en el PNV, que está demostrando la talla política de Urkullu y la estabilidad del territorio. Lo de Podemos es algo patético y las urnas se lo van a mostrar con crudeza, ya se entonarán los mea culpas y los intentos de dimisión.

Y sin comerlo ni beberlo, aunque un poco si por la creciente abstención y el analfabetismo político, los españolitos de a pie van a volver a sufrir las consecuencias de una clase política falta de decoro y de la que únicamente hace tiempo que se nos muestran sólo sus carencias. El problema es que las abundantes bofetadas entre ellos dan siempre en los carrillos de todos nosotros.

 

Eduardo Lizarraga

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