Suenan tambores de guerra en las ciudades más importantes del continente. Las administraciones de Londres, París, Berlín, Amsterdam y también Madrid, llevan ya un tiempo intentando controlar el auge que está tomando el fenómeno del alquiler turístico, con efectos muy desfavorables para la población residente en esas ciudades. La subida de los precios del alquiler y la turistificación de los centros históricos son los más visibles. Pero ahora las plataformas de alquiler turístico, con Airbnb a la cabeza, han decidido pasar a la acción y enfrentarse a los ayuntamientos que pretendan limitar sus servicios y por lo tanto sus beneficios. Y para ello están animando a los propietarios del bien que intermedian y a los usuarios que lo utilizan, a que salgan a la palestra a defenderles.

El negocio está en racha y con crecimientos muy importantes. Hay que tener presente que en los dos últimos años el alquiler turístico ha sido utilizado en nuestro país en 110 millones de viajes, de los que en 29 millones fue por parte de españoles y los 81 millones restantes por extranjeros, lo que ha dejado un impacto económico de 124.000 millones de euros en este periodo de tiempo. De esa cantidad 18.000 millones de euros fueron gastados por ciudadanos españoles y los 106.000 millones restantes por extranjeros en nuestro país. Son unas cifras muy interesantes las que deja este “economía colaborativa” y estamos hablando sólo de las que se producen en España.

Madrid, junto a Barcelona son los casos más paradigmáticos para Airbnb, tanto por los ingresos que se producen como por los crecimientos. En Madrid, Airbnb ha pasado de tener un 6,7% de cuota de mercado en 2016, a un 10,1% en 2017, un 3,4% más, con un ritmo de crecimiento que fue un 67% superior al de un año antes. En total se registraron 2,2 millones de pernoctaciones. Estando la actividad muy concentrada en el barrio Centro, que acumula el 61% de las pernoctaciones reservadas y que también es el barrio que ha tomado el consistorio madrileño como ejemplo de lo que está sucediendo.

La ciudad de Barcelona acumula más pernoctaciones en viviendas ofertadas en Airbnb que Madrid. Con tres millones y una cuota de mercado del 13,2% su crecimiento se está frenando, sea por las medidas tomadas por el ayuntamiento de Barcelona, sea por que es un mercado que está alcanzando su madurez

En el resto de las cinco capitales europeas destacadas, el salto fue menor. En Londres la plataforma de alquiler de pisos turísticos paso de un 5% a un 6,9%, y en Amsterdam subió un 1,1% hasta alcanzar el 11,8%, mientras que en Berlín, Airbnb aumentó su presencia un 1,2% (de 5,3% a 6,5%). En el caso de París, la ciudad donde mayor implantación tiene actualmente en Europa, la cuota de mercado de Airbnb pasó del 13,4% al 15,2%.

Londres es el mayor mercado de Airbnb en cuanto a pernoctaciones, sumando en 2017 un 45% más que el año anterior y alcanzando los 6,70 millones, justo por delante de París, donde se registraron 6,44 millones tras un aumento del 28%.

Estas dos grandes ciudades juntas triplican el tamaño del mercado de Berlín, Ámsterdam y Madrid  que es del entorno de los dos millones de pernoctaciones en alquileres de vivienda turística para Airbnb.

Todas las grandes ciudades españolas, afectadas por éste fenómeno turístico que amenaza con cambiar su fisonomía, están tomando decisiones.  Palma de Mallorca ha sido la primera ciudad en prohibir las viviendas de alquiler turístico, situación que preocupa en el sector de estas plataformas por el efecto contagio que podría provocar en otras urbes saturadas de turismo, especialmente en Madrid. Lugar en que tanto la comunidad de Madrid, como el Ayuntamiento, están a punto de aprobar una normativa que podría limitar la utilización de las viviendas turísticas, llegando, en palabras de su concejal para el Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, a una “ilegalización masiva de viviendas turísticas”.

En Valencia, otra de las grandes urbes españolas afectadas por este problema, acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada el pasado mayo con un masivo consenso, tanto a nivel político como sectorial. La nueva legislación contenta a todas las partes salvo a las asociaciones de apartamentos turísticos que ven coartado su mercado y limitados sus beneficios. A falta de completarse con los reglamentos que la pongan en marcha, la norma intenta sentar las bases del turismo de las próximas décadas, en coordinación con los ayuntamientos, quienes, en atención a su situación particular, habrán de actualizar la regulación del aspecto turístico de las denominadas  viviendas turísticas o de alquiler de corta estancia durante todo el año.

También en la Comunidad Valenciana el crecimiento está siendo exponencial y más de  11.000 viviendas han pasado a formar parte del registro oficial de la pisos turísticos en los primeros seis meses del año. La mayor parte de esas altas se han dado en la provincia de Alicante, con 6.636 (un 59%), seguida de Castellón (2.391, un 21%) y Valencia (2.146, 20%). De esta forma en el registro de la Comunidad Valenciana figuran ya 71.699 pisos turísticos. El 46% de esta cifra (33.011) se ha dado de alta en los últimos tres años, con la particularidad de que los seis primeros meses de 2018 acaparan un tercio (11.171) de las nuevas viviendas registradas.

En cuanto a la normativa en ciernes, el Ayuntamiento de Valencia ha optado por una línea intermedia en relación a otras ciudades que ya han legislado, ni prohibir todas las viviendas turísticas -como ha ocurrido en Mallorca y ha anunciado Madrid-, ni permitir su crecimiento ilimitado sin apenas restricciones, como pretenden las plataformas de alquiler vacacional, lo que propiciado por su alta rentabilidad está afectando los precios del alquiler residencial y la fisonomía de los cascos históricos de las ciudades.

La problemática que se encuentra en el fondo de esta situación es mútiple y de difícil normalización. Por un lado los grandes beneficios que se están obteniendo por parte de las plataformas que controlan el alquiler turístico y su estructura de oferta, necesariamente común para todas las ciudades;  por otro el que al estar las competencias sobre vivienda de alquiler turístico dispersas entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pueden resultar muy diferentes entre unas y otras, lo que hace inmanejable desde una plataforma común poder satisfacer a todas ellas a la vez, manteniendo sus márgenes de beneficio actuales.

Ambas partes, plataformas y administraciones, con la declaración de guerra sobre la mesa, han buscado sus aliados. Las plataformas de alquiler vacacional alientan a propietarios de apartamento y usuarios del servicio a salir a la calle a defender sus derechos y de paso, los desmesurados beneficios que estas plataformas están obteniendo. Y las administraciones, que viven de los votos de la mayoría, escuchan y hacen guiños a  comunidades de vecinos y asociaciones de barrio que no quieren ver sus edificios convertidos en fondas con un ir y venir de diferentes personas por sus escaleras y ascensores.

Airbnb, que cuenta con inmensos recursos, ha iniciado una campaña contra la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid  con una campaña de recogida de firmas a través de Change.org y con envíos masivos de correos electrónicos a los usuarios residentes en la capital, que en alguna ocasión hayan empleado los servicios de esta plataforma. Y lo hace obviando la existencia de cientos de empresas nacidas al amparo de esta “economía colaborativa” e incidiendo en los madrileños que “comparten sus hogares con otros”, una cifra minoritaria en relación al total (30% ) y descendiendo.

La petición en Change.org cuenta con un vídeo de producción profesional que emplea la tipografía y el color verde corporativo de la plataforma Aibnb. Tanto en dicho vídeo, como en el texto mantienen, que se trata de particulares que pueden ver sus derechos restringidos por la actuación de los poderes públicos. «Somos un grupo de anfitriones –nomenclatura de Airbnb para referirse a los propietarios que alquilan habitaciones- de Madrid, alarmados por la posibilidad de que se nos prohíba poder compartir nuestros hogares. El home sharing es economía colaborativa. Si se nos limita el número de días para alquilar habitaciones, muchos acabaremos en la calle al no poder pagar nuestros alquileres o hipotecas» afirman buscando apoyos.

Pero Airbnb también está realizando labores lobbystas dentro de la plataforma Sharing España, que agrupa a un conjunto de empresas que dicen practicar la economía colaborativa y entre las que también se encuentran Deliveroo, Uber, Cabify o Glovo. Todas ellas multinacionales, residentes en paraísos fiscales, que están precarizando el mercado de trabajo y entrando en competencia desleal , con el argumento de esa economía colaborativa, con sectores ya implantados como el del taxi.

Es un desafío de la mal llamada nueva economía, sin fronteras, sin límites, sin normativas, sin impuestos, que quiere abrirse camino a codazos y pisando cabezas, para encontrar su sitio bajo el sol, olvidando, además, el concepto de desarrollo sostenible. Pero hay demasiado dinero en juego y demasiados afectados. Por ello no lo han dudado, han tocado a rebato y desenterrado el hacha de guerra… Lo iremos viendo.

Eduardo Lizarraga

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