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Brindis al sol para contentar a los bancos

El pasado martes día 5 finalizó la recogida de enmiendas en el Congreso al Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, de Luis de Guindos,  ministro de Economía. Una legislación que la Directiva Europea 2014/17/UE imponía que debía estar antes del 21 de marzo de 2016 y cuyo retraso ha provocado que la Unión Europea imponga una sanción de 105.000 euros diarios al Estado español, hasta que se apruebe definitivamente.

La Ley llega tarde y por lo visto hasta ahora también llega mal, porque no contenta a nadie salvo a los bancos, que de momento callan. Es una Ley que según el propio De Guindos debe defender a los consumidores y usuarios de los abusos bancarios, pero que no convence a las asociaciones en defensa de los consumidores y tampoco a los bufetes de abogados especializados en derecho inmobiliario. Todos han alzado la voz en su contra, todos menos los bancos, a los que parece que contenta en grado sumo. Y es que no hay que olvidar de dónde procede Luis de Guindos y a qué partido representa.

Que el “proyecto De Guindo” favorece claramente a los bancos no hay lugar a dudas. Tanto que en ningún caso retira las cláusulas abusivas, ni siquiera la condenada por el TJUE cláusula suelo que, de paso, declaró ilegal la Ley hipotecaria del Estado español.  Tampoco elimina la cláusula de vencimiento anticipado, cláusula mediante la cual han sido desahuciadas más de 700.000 familias españolas al exigirles de una vez el pago de toda la deuda hipotecaria y cuya deuda les queda de por vida. Con la reforma que pretende llevar adelante el ejecutivo del PP, se ampliarán los plazos de impago, pero el procedimiento seguirá siendo el mismo y la deuda de por vida también.

Para la plataforma de Afectados por la Hipoteca el proyecto está pensado para legalizar los abusos bancarios, tratando de evitar futuras condenas judiciales a la banca y omitiendo flagrantemente los derechos y la protección de los españoles frente a los intereses de las entidades financieras.

Tampoco ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas se deja convencer por la verborrea ministerial que defiende esta ley como la mejor para los usuarios y la tacha de intento de legitimación del abuso bancario. Para esta asociación, la iniciativa del Ministerio de Economía, muy decantada hacia los intereses bancarios, no solo no resuelve los problemas acrecentados durante la crisis, sino que profundiza en los abusos en desahucios, clausulas suelo, gastos de formalización de hipotecas y vencimiento anticipado, entre otros.

Estos últimos años han evidenciado la urgente necesidad de una reforma de la ley hipotecaria que proteja a los consumidores. Pero el ministro De Guindos intenta aprovechar la coyuntura y la tardía transposición de la Directiva 2014/17/UE (que lleva un retraso de 18 meses) para, bajo la falsa excusa de un supuesto aumento de la “transparencia”, establecer una serie de medidas y fórmulas que dejan a los hipotecados sin derechos frente a prácticas abusivas que se vienen reiterando en los últimos años, y que han sido declaradas como tal por los juzgados españoles, el Tribunal Supremo, y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta forma, el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y que ahora está en el Congreso, se convierte en una nueva muestra de connivencia del gobierno con el sector bancario.

El “Proyecto De Guindos”, aprobado por el Consejo de Ministros y a punto de comenzar a debatirse en el Congreso,  pretende modificar todos los contratos de préstamo hipotecario en vigor, salvándolos de su anulación, que sería catastrófica para el sector bancario, sustituyendo las cláusulas declaradas nulas ya y que por tanto no pueden ser aplicadas, por nuevas fórmulas a la medida del sector bancario. Y a la vista de la orientación parcial a favor de la banca surge la duda de cuánto tiempo aguantará la Ley –en caso de ser aprobada- antes de ser denunciada por los consumidores y lograr un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo contra el Estado español. ¿O es tan sólo un brindis al sol que se sabe no llegará demasiado lejos, pero que sirve para cubrir el expediente frente a los bancos?

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que también han salido a la palestra, se muestran más complacientes con una ley que consideran necesaria y urgente, para garantizar información, protección y seguridad en los contratos con las entidades bancarias, evitando además comisiones, gastos y vinculaciones obligatorias de productos que eran desproporcionadas. Menos dinero para los bancos facilita las operaciones de compraventa y además la trasparencia es positiva para el sector. Aprovechan, eso sí, la oportunidad para pedir una nueva ley de intermediación inmobiliaria que amparará al ciudadano en la fase previa, en la gestión y negociación de la compraventa de la vivienda, cuando se negocian todas las condiciones y se plasman por escrito.

Tampoco los abogados que trabajan en todos los problemas surgidos al amparo de una Ley Hipotecaria sesgada y obsoleta están muy satisfechos con el “Proyecto De Guindos”. Y hablan de problemas de constitucionalidad por intentar arrebatar competencias a las Comunidades Autónomas, al aprobarles que no puedan modificar el régimen estatal ni exigir documentación complementaria. Tampoco reconoce el proyecto de ley un derecho de desistimiento al consumidor  .

La participación del notario en la “transparencia” de las cláusulas es, a juicio de asociaciones de consumidores y abogados, poco clara y difusa. Además, está en contra del artículo 16 de la directiva que se intenta incorporar, que  impone al propio prestamista el deber de dar explicaciones adecuadas y no al notario. Tampoco el pago de impuestos y gastos hipotecarios, permitido como “servicios no solicitados” parece poder solucionar que los tribunales fallen contra esta posibilidad y pueda volver a considerarse “cláusula abusiva”.

Para qué hablar del problema laboral que surge al impedir a los gestores financieros seguir cobrando por unas comisiones, que ya tienen consolidadas en sus emolumentos, por la venta de productos hipotecarios. Otros problemas con la ilicitud de cláusulas, frente a su consideración como abusivas y la subrogación tampoco quedan resueltos. Al final no parece que se vayan a solucionar problemas y sí a originar nuevas fuentes de discusión con distintos tribunales, incluido el de Justicia de la Unión Europea.

Los derechos de los consumidores españoles frente a los abusos bancarios son ya todo un hecho reconocido por múltiples sentencias de distintos tribunales. Y no parece que una Ley, diseñada por el ilustre representante de Lehman Brothers, Luis De Guindos, vaya a ser capaz de subvertir la situación. Máxime cuando el TJUE tiene enfilada la Ley Hipotecaria española, que éste proyecto quiere salvar y que almacena ya ocho sentencias en su contra. Queda por ver una pieza importante en la reconstrucción o destrucción del parcial sistema hipotecario español, la cláusula de vencimiento anticipado que el Ministro de Economía quiere salvar a cualquier precio. Incluso al de que Bruselas vuelva a sacarles los colores –si es que los tiene bajo su moreno  tenístico y marbellí- y condene su Ley de Crédito Inmobiliario al poco de ver la luz. De verdad, aún no tengo claro que, como su estrategia con la cláusula suelo, que ya ha colapsado los tribunales de justicia, no sea todo un paripé para contentar a los bancos.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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