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La parcialidad del Supremo enciende la rebelión

Hace poco más de un mes que el Tribunal Supremo consideró que el índice IRPH, que penaliza más de un millón de hipotecas y está llevando a la desesperación y ruina económica a millones de españoles, no debía someterse al obligado control de transparencia al que obliga la Directiva 93/13/CEE y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) . Y lo hacía al considerar que “un consumidor atento y perspicaz puede por sí mismo, sin necesidad de que la entidad le informe, conocer las peculiaridades del tipo de interés al que refiere su contrato”. No contento con certificar su parcialidad poniendo negro sobre blanco semejante desatino, el Supremo tomaba su resolución contando con el voto contrario de los jueces Orduña y Arroyo.

Ante la situación surgida con los dos votos discrepantes nuestro Supremo, de todos y no sólo de los bancos, debiera haber suspendido la resolución y haber interpuesto cuestión prejudicial en Europa. Y no demorar más la solución de una situación injusta y a la que visto lo que está sucediendo, ya queda poco recorrido.

Pero no lo hizo y por eso, apenas comenzado el año, Juzgados y Audiencias se están rebelando contra esta decisión del Supremo y desoyendo la postura del alto tribunal han decidido fallar a favor de dos afectados frente a la entidad que les concedió el crédito. Las salas rebeldes son, de momento, el Juzgado de Instrucción de Amurrio (Álava) y la Audiencia Provincial de Girona.

La sala de Amurrio, en su sentencia del 15 de enero,  ha hecho suyo el razonamiento  que para oponerse a la decisión del Tribunal Supremo esgrimió el juez Orduña. Es decir, estimaron que el IRPH debe considerarse abusivo y anularse por no ajustarse a la doctrina del TJUE en materia de transparencia. Por eso ordenó anular la cláusula IRPH y obligar a la entidad bancaria – Caja Rural de Navarra- a devolver las cantidades cobradas de más. Y de esta manera la sentencia cumplía la Directiva europea, que señala que el préstamo debe quedarse sin remunerar para que las entidades entiendan que los abusos a los que someten a los consumidores deben salir caros. Nada de que el juez sustituya esta cláusula por otra menos gravosa para el usuario, pero todavía beneficiosa para el banco, como pretende Luis de Guindos en su nueva Ley Hipotecaria.

Los beneficios de la banca con el IRPH han sido cuantiosos, más de un millón de afectados no se han aprovechado de la caída del euríbor en la crisis y han pagado de más por su hipoteca. Según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ese exceso ha sido de unos 1.200 euros más al año para una hipoteca media de 100.000 euros a 20 años.

El camino que puede seguir la cláusula IRPH tiene toda la apariencia de ir a ser similar al de las cláusulas suelo. En aquella ocasión un Juzgado español, ante la posición del Supremo no reconociendo la retroactividad de las cláusulas, elevó una cuestión a la Corte de Luxemburgo y consiguió que el TJUE corrigiera a nuestro alto tribunal, que tuvo que cambiar su doctrina y de paso allanar el camino para que centenares de miles de afectados pudieran recuperar lo percibido de más por los bancos.  Luego llegó el PP, que volvió a entorpecer la situación obligando a los afectados a tener que recurrir a los juzgados para recuperar lo suyo, en lugar de obligar a los bancos a pagar de oficio y originando, de paso, un atasco monumental.

Ahora, conocido el camino, muchos abogados que trabajan en el ámbito hipotecario, están solicitando a los juzgados la suspensión del procedimiento y la elevación del mismo a cuestión prejudicial. La petición no obliga al juez a hacerles caso, pero es cuestión de tiempo que alguno lo consiga.

Tal vez el momento llegue en la Audiencia Provincial de Álava, que ante el más que posible recurso de Caja Rural de Navarra por el fallo contrario a la cláusula IRPH, deberá decidir entre cambiar de criterio y acatar la reciente doctrina del Supremo o mantenerse firme en su sentencia de anulación del IRPH. Aunque también existe la posibilidad de que busque el amparo de una instancia superior y decida plantear una cuestión prejudicial solicitando al TJUE que dirima la controversia.

Lo que resulta evidente es que ante la indefinición y falta de  uniformidad en los criterios a la hora de resolver esta cuestión, algún Juzgado planteará la cuestión prejudicial más tarde o más temprano. Y el IRPH terminará, como la retroactividad de las cláusulas suelo, en Europa.

Y la cuestión no es baladí ya que si, como se espera, el dictamen es contrario a los intereses bancarios,  llegará un nuevo varapalo para las instituciones financieras que deberán enfrentarse a las reclamaciones de más de un millón de hipotecados. La exigencia de una media de 1200 euros por año de vida de la hipoteca más, no lo olvidemos, los intereses pertinentes ya les están quitando el sueño. Y contentos tiene que ir con que los intereses sean el doble del precio oficial del dinero que ahora está legislado, porque si ya estuviera aprobada la nueva ley De Guindos el precio del dinero se multiplicaría por tres, que es como Dn. Luis piensa resarcir a las entidades financieras por las causas perdidas.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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