Tras un proceso continuado de caída de cotización de la acción del Banco Popular y fugas de capitales de muchas administraciones y ayuntamientos, el 7 de junio de 2017, el Banco de Santander se hace con el 100% de su capital social por un euro, amortizándose todas las acciones de la entidad y provocando la pérdida del total de la inversión de sus accionistas. Estamos ante un nuevo caso y no el más pequeño, de estafa bancaria a los pequeños y medianos accionistas que pierden todo.
En las semanas anteriores todos los estamentos económicos del país., desde el Banco de España a la Comisión Nacional Del Mercado de Valores o el Ministerio de Economía, pasando por el mismo Luis de Guindos, lanzaban mensajes tranquilizadores a los mercados asegurando que el Banco Popular era un valor sólido.
Unos meses antes la anterior cúpula directiva del Banco Popular, la dirigida por Ángel Ron, salía del mismo con indemnizaciones millonarias y jubilaciones doradas, que ya habrán puesto a buen recaudo.
¿Qué ha pasado para que ningún organismo de los mencionados se enterara de nada? ¿o es que sí lo han hecho y miraban para otro lado? En cualquier caso hay responsabilidades y deben ser depuradas, porque 300.000 accionistas, de los cuales 250.000 son minoritarios, han perdido hasta los calzones en un nuevo caso de macrofraude bancario.
Lo que parece claro es que el intento gubernamental de que no se investigue lo sucedido, vendiendo a Santander y evitando así, en teoría, las investigaciones no va a salir bien. Ya se están poniendo en marcha varias plataformas de afectados que quieren recuperar su dinero.
La más importante tal vez sea la liderada por Félix Revuelta, propietario de Naturhome, que ha impulsado una plataforma de afectados que cuenta ya con más de 3.000 accionistas. Revuelta, que ha perdido más de 45 millones de euros en la operación, está poniendo en marcha la maquinaria legal para presentar demandas colectivas contra los responsables de la caída de la entidad. Su objetivo es el de contar con la mayor cantidad posible de accionistas minoritarios afectados e ir a los tribunales a defender sus intereses. Esta plataforma y las demandas presentadas serán subvencionadas por los accionistas mayoritarios en tanto que los pequeños sólo asumirán un porcentaje “a éxito”. El empresario pone en el punto de mira de las responsabilidades a depurar desde a Ángel Ron y su consejo hasta a Emilio Saracho y el suyo. Sin olvidar, por supuesto, a reguladores que también pueden tener su parte de responsabilidad.
De momento los únicos que pierden son estos accionistas, porque el Santander se va a hacer por el módico precio de un euro, con una cartera de clientes de cuatro millones de personas, activos inmobiliarios que podría revalorizar y beneficios de deducciones fiscales de más de cinco mil millones de euros en los próximos años. Por su parte, el Gobierno de Rajoy se quita de encima un problema –veremos si lo consigue- que podría costar a las arcas públicas miles de millones de euros y la investigación y el descrédito consiguiente.
Santander ha provisionado 7.900 millones de euros para sanear los activos tóxicos del Popular, y es una cifra superior a la inicialmente prevista ya que contiene una cantidad que iría destinada a compensar a los pequeños accionistas que se van a enfrentar al banco con decenas de demandas judiciales. En principio y según ha manifestado el vicepresidente del Santander, Juan Manuel Cendoya, sólo se tiene previsto compensar a los accionistas que concurrieron a la última ampliación de capital y es un cambio importante frente a lo manifestado por Ana Patricia Botín en los primeros días, cuando aseguró que el BCE había determinado que el banco era inviable y que los accionistas debían asumir las pérdidas.
Con esta medida el Santander abre una brecha en los accionistas; unos podrán ver compensadas sus pérdidas, aquellos que concurrieron a la ampliación de capital de mayo del 2016 (2.500 millones de euros), y otros deberán recurrir contra los equipos directivos del banco y tal vez contra el Banco de España y la CNMV que no advirtieron de los riesgos y mantuvieron hasta el final la solvencia y estabilidad del Popular. El quid de la cuestión está tanto en la nefasta gestión llevada a cabo, como en las incorrectas informaciones ofrecidas sobre su situación financiera y contable en las ampliaciones de capital de 2012 y 2016.
Pero no va a ser tarea fácil calmar y callar a los pequeños accionistas organizados en diversas plataformas de afectados. Y que van a emprender acciones penales contra los responsables de su ruina. Así, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), ya ha advertido que cualquier medida compensatoria a los más de 300.000 accionistas y bonistas del Popular que han perdido su inversión tras la resolución de la entidad debe ser universal. Es una clara respuesta al anuncio, realizado por el banco, de que estudia una solución parcial para pequeños inversores que concurrieron a la ampliación de capital de junio de 2016 y que sean clientes. Adicae no ha dudado en tachar esta operación como “marketing reputacional”.
Por su parte, AEMEC, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, considera que se deben exigir responsabilidades administrativas y penales a todas las personas físicas y jurídicas que hayan contribuido a ocasionar el daño al banco y por eso van a seguir adelante con la demanda presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional contra el ex-presidente Emilio Saracho y el consejero Antonio del Valle.
Se prevé una discusión larga y compleja por la oscuridad reinante, que volverá a alimentar multitud de despachos de abogados y que podría llegar a salpicar a la CNMV y al Banco de España. El propósito claro de la legión de abogados que defenderán a los accionistas minoritarios, será sentar en el banquillo a los organismos públicos. De esta forma podrían conseguir que, en caso de una sentencia condenatoria, el Estado fuera responsable civil subsidiario y tuviera que correr con las indemnizaciones. Es decir, una vez más pagaríamos la nefasta actuación de funcionarios públicos al servicio del poder político. Pero ya estamos acostumbrados a los rescates y a las indemnizaciones millonarias con nuestro dinero: Bankia, Cástor, autopistas radiales y túneles bajo los Pirineos, nos han costado decenas de miles de millones de euros y han enriquecido a Florentinos diversos. Con éste Gobierno, aunque parezca raro, vivimos en un país socialista, al menos en cuanto a las pérdidas se refiere.
Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
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