La primera bandada llegó a nuestro país allá por los finales del 2012 y principios del 2013. Venían atraídos por el olor a carroña inmobiliaria y por la existencia de un gobierno al que se le abría la boca y no la cerraba, hablando de neoliberalismo y del mandato de los mercados. Y comenzaron a hacer grandes operaciones, comprando paquetes inmobiliarios a todo el que se los ofrecía y pagando una cuarta o quinta parte de su valor.

Los bancos españoles, que obedeciendo la normativa del BCE , debían deshacerse de activos y préstamos fallidos, para dejar limpios sus balances, encontraron buitres que les solucionaban el problema digiriendo los cadáveres. Y  comenzaron a vender. Entonces aprendimos el significado de la palabra “servicers”, las entidades que gestionan las viviendas compradas sacándolos a la venta, o creando socimis para su alquiler.

En un principio todos estaban tímidos y las operaciones no fueron del tamaño de las que se perfilaron y se planean unos años más tardes. Así, en 2013 Sareb vendió una pequeña cartera valorada en 100 millones de euros y compuesta por viviendas y garajes a HIG Capital.  Apollo compró en el 2014 Altamira, la inmobiliaria del Santander por unos 700 millones de euros. También se acercaron a los políticos o tal vez fue al revés, el caso es que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, les vendieron su vivienda social y ahora tienen los líos.

Aprovechando las rebajas, la sinvergonzonería de muchos políticos y la inyección de dinero público en el sector, se hicieron con extensas carteras inmobiliarias. Todo les servía siempre que fuera barato. Desde paquetes inmobiliarios de bancos y cajas intervenidas y vendidas, hasta las miles de viviendas sociales que les vendieron los políticos madrileños en un alarde de desfachatez que rayó en la delincuencia.

Así las cosas y en estos últimos cinco años, las operaciones fueron aumentando de tamaño. Y si en el 2016 alcanzaron los 22.000 millones de euros frente a poco más de 9.000 millones el año anterior,  batieron todas las marcas en el  2017, al superarse las compras,  por parte de estos fondos, de más de 50.000 millones en activos inmobiliarios. Y tiene toda la pinta de que este año va a seguir con fuerza la venta de nuestro parque inmobiliario a estos oportunistas del drama hipotecario. Hay que tener en cuenta que, según el Banco de España,  a finales del 2016 la banca sumaba 190.000 millones en activos improductivos, entre los que se encuentran las propiedades adjudicadas.

Dando ejemplo  en esto de alimentar a los buitres comenzó el Santander que, en agosto del pasado año, se deshizo de una cartera de 30.000 millones en activos, procedentes del Popular y que traspasó a Blackstone por una cantidad que podría no superar los 5.000 millones de euros.

BBVA llegó a un acuerdo con Cerberus para crear una sociedad con la que gestionar su ladrillo, en la que el fondo se quedará el 80%, desembolsando 4.000 millones euros. Ladrillo bancario compuesto por algo más de 78.000 activos inmobiliarios con un valor contable de unos 13.000 millones de euros.

Para este año ya hay 31.000 millones de euros en carteras que pueden salir a la venta en los próximos meses. Tal vez la más importante es la del Sabadell, unos 7.500 millones y ya tiene a Blackstone, Cerberus y Lone Star aleteando a su alrededor. Banco Sabadell ha puesto también en marcha la venta de otros dos paquetes de activos problemáticos, con un valor nominal de 3.300 millones.

Así las cosas estamos en un momento en que el 80% de los activos en gestión por los servicers está controlado por 5 entidades: Altamira (Apollo) que poco a poco se va desligando del Santander, sobre todo después de quedarse  con la gestión de los activos de Liberbank. Haya y Anida que tras la compra al BBVA está ligadas a Cerberus. Anticipa y Aliseda, que son de Blackstone. Quedan sueltas todavía Servihabitat de la Caixa y Solvia del Sabadell. Aunque en este último caso los buitres ya están pidiendo que de quedarse con la cartera de 7.500 millones que el banco ha puesto encima de la mesa, vaya acompañada por Solvia. De esta forma la operación sería diáfana. Si Solvia se incluye en el paquete en venta,  se incluye a los profesionales que ya manejan los activos.

También parece que Sareb quiere entrar en la misma dinámica, al fijarse en Goldman Sachs con el claro objetivo de vender toda la cartera que administra actualmente Haya Real Estate y que representa cerca de 30.000 millones en préstamos fallidos de la entidad.

Y no hay que perder de vista que en todo este pastel inmobiliario, los buitres que se están repartiendo nuestro país, Apollo, Oaktree, Bain, Cerberus, Blackstone, Lone Star, Castlelake, Värde Partners, Lindorff, TPG o Goldman Sachs…tienen prisa por comprar antes de que los precios se fortalezcan y los bancos tienen prisa por vender.

La situación de lo que ha venido sucediendo está muy clara, los fondos se aprovechan de necesidad de los bancos por vender y de la ausencia de normas en nuestro país, que les dejan hacer lo que les parece más conveniente y acaparar el mercado inmobiliario.

Y esta conveniencia será la de disponer, entre todos ellos,  de casi 200.000 millones de euros en activos inmobiliarios en nuestro país, cuando finalice el 2018. A lo que habrá que sumar los que gestionen a través de sus servicers. Y con ellos el control del mercado de los alquileres, con las consecuencias que ya vemos están sucediendo. Para especular con cualquier mercancía es necesario controlar el mercado y es lo que ya han conseguido. Con consecuencias demoledoras en Madrid y Barcelona, que poco a poco van extendiendo a otras zonas.

No parece lógico que un bien de primera necesidad y alrededor del cual se vertebra nuestra sociedad, como es la vivienda, quede en mano de unas empresas que no son ni de lejos hermanitas de la caridad y que lo único que buscan es el beneficio de sus accionistas, pase lo que pase y en el menor plazo posible. Y esta es una situación que nos traerá mucho problemas en un futuro cercano, porque la vivienda podría definirse como un bien estratégico para un país, sobre todo si el casero se apropia de más de 500.000 propiedades y pasa a controlar el mercado del alquiler y de la venta.

Si a ello le añadimos que vivimos en una país de políticos papanatas y corruptos, que no ven más allá del interés de su bolsillo y a los que se les llena la boca y el pecho asegurando que son los más liberales del mundo mundial y que el mercado es el rey, con permiso del Borbón, el desastre está asegurado. Y es que no hemos aprendido nada y seguimos viendo la vivienda como un bien con el que se puede especular.

En los primeros años del siglo, la acción de los especuladores locales -en un mercado muy fragmentado- se centraba en la compraventa de activos inmobiliarios a los que, aprovechando la bonanza económica, «daban  el pase» cuanto antes, y así causaron el desastre que aún pagamos. Todos tuvimos la culpa, porque de una manera o de otra  todos nos aprovechamos. Ahora, con sueldos miserables y pensiones estancadas, el beneficio llega del control del mercado por unos pocos comensales venidos de fuera. Los fondos buitre han aprovechado la crisis para apropiarse de un gran pastel inmobiliario en Europa, pero es en España donde han hincado las garras con más profundidad. Y  la complicidad e inacción de los políticos, dejará a una parte de nuestros compatriotas al alcance de sus apetitos, en una clara muestra de terrorismo financiero. Pero eso sí, los responsables de la que se avecina son más patriotas que nadie.

Eduardo Lizarraga

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