Que el derecho a una vivienda digna está reflejado en el artículo 47 de nuestra Constitución, lo sabemos todos; y que ese derecho sin leyes que lo desarrollen es un brindis al sol, también lo sabemos. Esa intencionada ausencia de legislación para impedir que la vivienda sea un derecho social, como sucede en los países de nuestro entorno, es lo que la ha convertido en un gran negocio, en el que todos, constructoras, terratenientes, políticos y casta franquista, se pusieron de acuerdo para sacar tajada y que, de paso, nos ha llevado a la crisis inmobiliaria y financiera que todavía padecemos. Una crisis que ha dejado, en su lado más absurdo, centenares de miles de familias desahuciadas y millones de viviendas vacías, convirtiendo de paso a los desahuciados no sólo en unos parias sociales, sino también en delincuentes. O al menos es lo que pretende PDECat, con la inestimable ayuda de PP y C,s, que para eso de fastidiar al que menos tiene y ayudar a los suyos, no sufren sarpullidos por nacionalismos ni esteladas.

El pasado martes 14 de marzo, PDECat presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, que incluye las mismas medidas que tuvo el desahucio express para los alquileres, de la exministra socialista Carme Chacón, pero en éste caso para las viviendas de administraciones, entidades sociales o de personas físicas que hayan sido ocupadas.

La moción se aprobó con los votos a favor de PP, C´s, PDECat y PNV, es decir, la derecha más recalcitrante, situándose enfrente las fuerzas progresistas. La aprobación de ésta proposición de Ley va a permitir, a partir de ahora, uno de sus grandes objetivos: desahuciar de forma inmediata, en el mismo momento de la notificación de la demanda. Y además sin miramientos, es decir, sin necesidad de contar con alternativa habitacional, para una familia que esté ocupando una vivienda perteneciente al grupo de las contempladas por la propuesta de PDECat.

Resulta cuando menos curioso, que la iniciativa esté impulsada por el partido catalán heredero de CiU, que ha sido el partido gobernante de la Comunidad Autónoma en la que más desahucios se producen, casi un 22% de los ejecutados en todo el estado. Y es por lo tanto la región en que más vivienda social se necesita. En éste sentido vale la pena recordar que somos el país de la UE con menor cantidad de vivienda social 2%, con mayor cantidad de vivienda vacía y con mayor cantidad de desahucios.

En su argumentación, PDECat asegura, que la proposición de ley que impulsa está dirigida a la protección del pequeño propietario, afectado en sus intereses por organizaciones mafiosas expertas en la ocupación y que hacen de ella su negocio. Vamos, como si para proteger al país de los corruptos del PP, promoviéramos una proposición de ley para erradicar al partido. Lo que sería un flagrante abuso, porque seguro que hay una mayoría de personas en el PP que no son corruptas o mafiosas, al igual que hay una mayoría de personas que ocupan viviendas por auténtica necesidad y escasez de recursos.

Lo más indicativo del verdadero propósito de PDECat, es que en su proposición no se contempla ni una medida para luchar contra las mafias –según ellos- causantes del problema, sino que se pone toda la fuerza de la ley en criminalizar al ocupante de la vivienda. Ocupante, al que tampoco la ley aprobada intenta garantizar una alternativa habitacional, abocándole a una nueva ocupación y a otro desahucio. No se intenta solucionar el origen del problema, que es la estafa inmobiliaria sufrida y el derecho a la vivienda, sino las consecuencias de la situación para los propietarios con viviendas ocupadas.

La realidad, es que de nuevo la fuerza de los propietarios y sus connivencias con el poder, marcan las decisiones políticas e impulsan leyes que les benefician, en perjuicio de la gran mayoría de ciudadanos. Es el modelo franquista de tenedores de suelo y especulación a su medida, sobre el que hemos construido nuestra democracia, sin intentar esconderlo demasiado, vamos, que no nos da vergüenza.

Para que en éste país se hayan generado cientos de miles de millones de euros en plusvalías para unos pocos, era necesario que otros cientos de miles de personas lo perdieran todo y quedaran endeudadas de por vida, en un nuevo modelo de esclavitud contemporánea. Y para conseguir este milagro financiero, en el que el dinero público también se ha visto enredado, ha sido necesario que el derecho a la vivienda se quedara escondido en la Constitución y que la vivienda de todos fuera el negocio de unos pocos, con leyes hechas a la medida.

Y sería fácil de ver si pusiéramos en un lado las leyes hechas para defender el derecho a la vivienda de los españoles y en el otro la legislación y normativas promulgadas para proteger a los bancos y sus abusos, para cambiar el urbanismo a la voluntad de la élite, y para eliminar cualquier control por parte del estado – la aprobada ayer en el Congreso es otra ley más en ese inconmensurable montón. El resultado ha sido la especulación, los pelotazos, la burbuja inmobiliaria, la corrupción generalizada y el enriquecimiento de unos cuantos, a costa de la ruina del país.

El origen del problema tiene que ser parte de la solución. Si el derecho a la vivienda hubiera primado por delante del negocio, no padeceríamos la actual situación, ni se hubiera tenido que rescatar con decenas de miles de millones a una banca podrida por la ambición ¿sabremos alguna vez la cifra exacta del rescate o es un secreto de Estado, como las novias de Juancar? Por eso, ahora debe supeditarse el negocio y las plusvalías que se originaron, a la alternativa habitacional y eliminación de las deudas para ese medio millón de familias que han perdido sus casas. Y no criminalizarlos ni convertirlos en delincuentes, como ya se intentó al comienzo de la crisis. ¿Recordáis los mensajes? ¡Los del PP pagan sus hipotecas! ¡Nadie les ha obligado a comprar una casa! ¡No pagan porque no quieren!… El de ahora es “ocupan porque son mafiosos”…

La vivienda vacía que tiene la banca en su poder, es la solución a la emergencia habitacional y no los desahucios express. Los centenares de miles de millones recibidos –de una manera u otra-, porque quedarse con una caja de ahorros por un euro también es dinero- deben devolverse y la forma de hacerlo en vivienda social es buena. No podemos permitirnos un país que arrastra 500.000 familias desahuciadas, empobrecidas y sin futuro. Semejante deuda social es inasumible. Y son las administraciones, sobre todo la central, las garantes de la Constitución española y del derecho a la vivienda. Pero no harán su trabajo como gobernantes porque se deben a sus amos, los que con su ansia desmedida de beneficios nos han traído hasta aquí. Habrá que pensar algo… y pronto.

Eduardo Lizarraga
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