Que la Fiscalía Anticorrupción denuncie por un delito contra el mercado y los consumidores a Iberdrola, demuestra muy a las claras el excelente resultado que tuvo la privatización del sector auspiciada por Aznar. Una privatización que tan sólo ha beneficiado al sector privado y ha dejado a los consumidores a merced de sus mañas y trampas.

Y resulta escandaloso que una verdadera pléyade de ex ministros, ex directores generales y ex presidentes se siente en los Consejos de Administración de estos timadores expertos, dándoles “consejos” y asesoramiento. O al menos les pagan por ello.

La prohibición de las “puertas giratorias” hasta pasado un tiempo prudencial, que no debiera ser menor de cinco años, se está haciendo esperar. Y mientras eso sucede,  sus sueldos salen de nuestros derechos como consumidores, cuando no de estafas manifiestas como la denunciada por Anticorrupción.

Y es que la causa es grave, sobre todo en un momento de subidas generales de las tarifas eléctricas y fuertes quejas ante la situación. El absoluto descontrol, ¿interesado?, de las diferentes administraciones, comenzando por la del Estado, son las únicas causantes de la prepotencia del sector, de sus manejos y de unos beneficios desorbitados frente a sus homólogos europeos. Para qué hablar de sus sueldos y “complementos” como los más de 8 millones de euros de Sánchez Galán.

La cuestión por la que Anticorrupción ha decidido denunciar a Iberdrola, después de que Facua lo intentara de manera infructuosa, ha sido la manipulación del mercado realizada por la eléctrica. Para ello elaboró un plan que le permitió manipular el precio de la luz durante el invierno de 2013 –cuando la calefacción es necesaria y muchas personas no pueden pagar sus facturas de luz- mediante la disminución de su producción hidráulica con paradas programadas en sus centrales,  con lo que se tenían que utilizar otras energías más caras.

La manipulación se produjo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 y las sospechas de ésta actividad llevaron al Gobierno a anular la subasta Cesur y cambiar todo el sistema de fijación de precios.  Es preciso decir que si las maquinaciones de Iberdrola hubieran tenido éxito la luz hubiera subido un 11%.

La CNMC impuso a Iberdrola una sanción de 25 millones de euros,  al determinar que la eléctrica había alterado fraudulentamente el mercado a través de una disminución de la producción hidráulica, lo que provocó un incremento en el precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo. Como respuesta Iberdrola, que se piensa estar por encima de toda legislación,  interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la sanción de la CNMC, que todavía está pendiente de ser resuelto

El fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, destaca en su denuncia que Iberdrola, con la intención de lucrarse de forma ilícita, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, con precios más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda. La consecuencia de ésta maquinación urdida y llevada a cabo por Iberdrola, fue la subida del precio de la energía eléctrica en siete euros megawatio/hora, que aplicados a la energía programada y vendida por Iberdrola en el periodo mencionado, le supuso un beneficio superior a los 20 millones de euros.

Cumpliendo su trabajo en defensa de los consumidores, con mayor esfuerzo si cabe por la dejación de todas las administraciones, FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado su personación, como acusación popular, en la causa abierta contra Iberdrola en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Que una parte de los beneficios de las eléctricas y de otras grandes empresas están basados en fraudes a los consumidores, es algo que todos pensamos. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción lo corrobora. Para el delito que se acusa a Iberdrola la pena, según el artículo 281 del Código Penal, es de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. ¿Es Sánchez Galán el responsable? ¿Será el Conserje de su edificio el que urdió la trama? La solución dentro de nueve o diez años…

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Eduardo Lizarraga

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