Tras la demoledora sentencia de Bruselas, que obligaba a los bancos españoles a devolver lo percibido de forma ilegal con la cláusula suelo, más los intereses desde la firma del contrato, muchos españoles afectados –más de 500.000- comenzaron a hacer sus cuentas para ver a cuánto ascendía la cantidad “a devolver”. Eran los ilusos, los que pensaban que en éste país aún había Justicia y que los bancos, por una vez y aunque fuera por mano de Bruselas, iban a tener que devolver lo expoliado. Otros, los más escépticos, se sentaron en su sillón y se dispusieron a esperar a ver en que quedaba esto y sin muchas esperanzas. ¡Acertaron!
Y es que la Banca española, junto a sus fieles servidores del Gobierno, han pergeñado un completo plan para torcerle la mano a la Justicia de Bruselas. Y lo están consiguiendo, como denuncian todas las organizaciones de consumidores y como comprueban con dolor todos los afectados, que ya han comenzado a intentar la devolución.
Nada más aprobarse en Consejo de Ministros, la comisión de seguimiento sobre el Real Decreto-ley de las cláusulas suelo, FACUA ya aseguró que no era más que una pantomima del Gobierno y los partidos que lo apoyan, para ayudar a la banca a librarse de las multas y a devolver la menor cantidad de dinero posible en el mayor fraude cometido en nuestro país, por número de afectados y cantidad total defraudada. Y eso no es todo, porque la política del Gobierno de Rajoy ha sido la de conceder a su querida banca –la que ha llevado el país a la ruina– un plazo extra de cuatro meses para comenzar a devolver la pasta.
Las asociaciones de consumidores se niegan a colaborar en una comisión que tan sólo pretende ayudar a los bancos y traicionar a los afectados. Para mayor burla, en la misma participará como miembro “muy interesado” la AEB, la Asociación Española de Banca.
FACUA recuerda que hace ya dos meses y medio que comenzó a presentar denuncias contra una decena de bancos ante el Banco de España y los ministerios de Economía y Sanidad -responsable de las políticas de Consumo-, sin que hasta la fecha le hayan comunicado ninguna resolución al respecto. Y es que buena parte de las entidades está poniendo trabas a los usuarios para recepcionarles las reclamaciones extrajudiciales que prácticamente les obliga a interponer el real decreto-ley antes de acudir a los juzgados. Tampoco habrá ningún tipo de sanción para las entidades que se nieguen a devolver todo el dinero defraudado a los usuarios, por lo que el real decreto ley tan sólo ha servido para ayudar a los bancos retrasando las demandas judiciales y facilitando la puesta en marcha de nuevas estafas para los afectados.
Por su parte, ADICAE, tampoco espera nada de la actuación de la comisión de seguimiento y considera que es una simple quimera vacía de eficacia. Una legitimación del abuso al que están siendo sometidos por los bancos cientos de miles de consumidores y que genera la falsa idea de que se han establecido mecanismos eficaces para la resolución de éste escándalo, que ya el 21 de diciembre pasado tuvo que ser abordado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Asociación sigue manteniendo que un fraude colectivo de estas dimensiones requiere una solución extrajudicial, que evite que los consumidores se vean abocados a los tribunales. Y está movilizando y organizando a los consumidores frente a los bancos, ante su cerrazón y desprecio a la legalidad y las resoluciones judiciales. La Asociación impulsará la resolución definitiva de su macrodemanda, ahora en la Audiencia Provincial de Madrid, y de las casi 150 demandas agrupadas interpuestas hasta ahora.
Adicae asegura que el mecanismo ideado por el Ministerio de Economía, ha demostrado ser no sólo un monumental fracaso en la defensa de los consumidores, sino que muestra de forma clara su propio carácter engañoso y de protección del sector bancario.
Frente a esta situación, ADICAE, califica de vergonzante la actitud que mantienen la inmensa mayoría de las entidades, que lejos de asumir el carácter abusivo de una práctica perpetuada durante casi una década sobre millones de consumidores hipotecados, siguen aplicando los ‘suelos’, y rechazan la devolución íntegra de las cantidades indebidamente cobradas o, peor aún, intentan engañar a los consumidores que reclaman ofreciendo cantidades muy inferiores a las que legalmente corresponden.
Una actitud que pone de manifiesto que hay entidades que sin tapujos expresan su desprecio absoluto a la legalidad y a los consumidores, como Popular, Sabadell o Unicaja, y otras que pese a operaciones de “lavado de imagen”, como Caixabank, BBVA, Liberbank, Banco Ceiss, y otras, dejan claro con sus actuaciones su negativa a cumplir la ley, cesar en el abuso de los ‘suelos’ y devolver todas las cantidades debidas a todos los hipotecados.
OCU considera insuficiente la comisión, ya que sólo se limita a informar sobre las irregularidades que puedan estar cometiendo las entidades, pero no podrá tomar medidas sancionadoras al respecto. OCU critica, además, que éste informe se haga de forma semestral, un periodo que considera demasiado largo y poco efectivo, y que los consumidores no tengan un papel más activo en la comisión. Y en cuanto a la puesta en marcha de 54 juzgados especializados en las cláusulas suelo, la organización de consumidores considera que constituye la mejor prueba para demostrar el fracaso de las medidas que se han tomado para resolver el problema por vía extrajudicial, ya que los bancos están incumpliendo de manera generalizada sus obligaciones, poniendo trabas e incluso rechazando las reclamaciones presentadas por los clientes, a los que no les queda más remedio que acudir a los juzgados.
En este sentido, OCU ya ha denunciado que los bancos están cometiendo muchas irregularidades en la aplicación del Real Decreto; en ocasiones, las entidades no informan bien, o rechazan las reclamaciones presentadas en formularios diferentes a los aportados por la entidad e incluso algunas rechazan las de quienes ya han acudido a la justicia.
La actuación gubernamental tampoco resulta clara para la Fundación Youbank, que también considera que el plazo de seis meses que se da la comisión para elaborar un informe no resulta eficaz para la defensa de los intereses de los ciudadanos. Por eso proponen al Ministerio de Economía una serie de medidas que, a su juicio, contribuirían a solucionar los problemas de los afectados por la cláusula suelo. Entre ellas, la eliminación absoluta de estas cláusulas; la creación de un organismo independiente con resoluciones vinculante para resolver todos los casos de cláusulas abusivas, que la Comisión de Seguimiento tenga capacidad sancionadora, definición de los intereses a aplicar y comprobación, por un organismo independiente, de las soluciones propuestas a los ciudadanos por los bancos.
Era de esperar, que con la aquiescencia del Gobierno y su sospechosa tozudez en mirar siempre hacia otro lado cuando le interesa, los bancos españoles, que no han dudado en robar todo lo posible a los consumidores y poner el país al borde del precipicio con sus prácticas nefastas, hayan vuelto por sus fueros e intenten volver a estafar a los ya estafados.
Y vistas las cosas y lo que está sucediendo, FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a trece bancos por irregularidades relacionadas con el real decreto ley sobre las cláusulas suelo, en casi todos los casos por poner trabas a los usuarios para recepcionarles sus reclamaciones a través de la vía extrajudicial impuesta en la norma.
FACUA ha denunciado a las entidades ante el Banco de España, el Ministerio de Economía y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, porque los bancos imponen a los consumidores la realización de una serie de actuaciones que dificultan su derecho a reclamar y que no se encuentran exigidas en la normativa vigente. Se trata de Bankia, Caixabank, Abanca, Banca March, Banco Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Caminos y España Duero.
La asociación advierte de que los bancos, no solo han gozado de los hasta cuatro meses de tregua para la interposición de demandas judiciales que les ha regalado el real decreto ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos, sino que muchos de ellos están intentando ampliarlos rechazando la tramitación de reclamaciones enviadas directamente por los usuarios o a través de asociaciones de consumidores y despachos de abogados. Y presentando además ofertas-trampa, con las que pretenden de nuevo engañar a los afectados. Y parece que, salvo las asociaciones de consumidores nadie hace nada por evitarlo. Ni el Gobierno, ni Economía, ni Sanidad, ni mucho menos el Banco de España, que debiera ser el primero en evitar y denunciar todos estos abusos. Una vez más, los consumidores están casi solos frente a los bancos, que continúan intentando vivir de la estafa.
Eduardo Lizarraga
www.aquimicasa.net
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