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La culpa es de un conserje que pasaba por allí.

Con el final de este prolongado verano y la llegada de los primeros fríos, que de suaves no están teniendo nada, se inicia de nuevo la pesadilla de centenares de miles de familias españolas para poder calentar sus hogares y comer al mismo tiempo. Y es que, un año después de los dramas que tuvimos en el pasado ejercicio, el Gobierno continúa sin poner una solución a los incrementos de precios constantes de la factura eléctrica y a la imposibilidad de muchos españoles de poder pagarla.

El problema que se avecina, con incrementos que podrían llegar fácilmente a un 30%, se ve venir desde antes del verano. Y eso que no se preveían unas condiciones meteorológicas tan adversas para la generación eléctrica más barata. Todo apunta a que volveremos a vivir la tendencia alcista de la factura eléctrica vivida entre finales de 2016 y comienzos del 2017.

Hay que decir que en poco más de tres meses los contratos referidos al año 2018 se han disparado un 15% y ya cotizan a más de 50 euros por Mw/hora. Y que en contratos referenciados a noviembre comienzan a aparecer precios superiores a los 60 euros, y de 62 euros para diciembre, señal inequívoca que tenemos ya encima la escalada alcista de precios.

La prolongada sequía y el tiempo bonancible que hemos tenido desde finales del verano, han disminuido de manera considerable la generación de energías baratas y limpias, como la eólica y la hidráulica. Con los últimos datos de Red Eléctrica, comprobamos que la producción de energía hidráulica ha descendido un 49% frente al mismo periodo del 2016.

Con números no tan malos, pero también con un 7,5% por debajo del mismo periodo del año anterior, la energía eólica salva el tipo, a la espera de que los temporales equinocciales mejoren la situación. La disminución de estas fuentes, baratas y limpias incrementa la aportación al “pool” de energías mucho más caras y sucias por sus emisiones de CO2, como el carbón o los ciclos combinados, que suben ya su aportación, en relación al año 2016, más de un 32 y un 37% respectivamente.

Todo indica que el precio de la electricidad puede terminar el año con una subida lineal superior al 30%, que conseguirá multiplicar, también al alza, los problemas de millones de españoles que están acogidos a la tarifa regulada. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) calcula que el precio medio de la electricidad será de 52,8 euros MWh en el conjunto del año, lo que supone que se disparará un 33% en relación a 2016.

Si nadie lo remedia y parece que Alvaro Nadal, Ministro de Energía, mira para otro lado y rechaza introducir cambios en el mercado energético, este invierno tendremos los mayores precios eléctricos desde el año 2009.

Y es que el error, tal vez intencionado, está en utilizar directamente la cotización del mercado mayorista, incluso la cotización de cada una de las horas en caso de que el cliente tenga contador inteligente, para determinar más de un tercio del precio minorista que pagan los usuarios -11 millones- acogidos a la tarifa regulada, el PVPC. Otro 45% corresponde a los denominados peajes de acceso, que son los recargos fijados por el Gobierno para cubrir los costes reconocidos del sistema eléctrico. El 20% restante corresponde a impuestos diversos.

Acabado el mes de octubre,  FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las tarifas eléctricas se han disparado, con una subida del 7,2% para el usuario medio con respecto a septiembre. El incremento representa una media de 5,17 euros y puede ser el anticipo más cruel para familias con pocos recursos, que deberán prescindir de la calefacción o arriesgarse a que les corten la luz por impago.

Y es que el tan esperado “nuevo bono social eléctrico” es aún peor que el anterior, dado que podrán acogerse a él menos familias y representa descuentos muy inferiores. Y no se puede decir que el Gobierno no esté al quite de lo que sucede, basta ver  cómo recurrió en abril de 2016 la ley catalana contra la pobreza energética, por la que quienes no tuvieran recursos podían aplazar pagos en los meses más fríos, de noviembre a marzo.

La realidad es que Gobierno tras Gobierno, desde la privatización del sector por parte de Aznar, todos han actuado favoreciendo de manera bochornosa los intereses de las eléctricas frente a los del resto del pueblo español. Podría decirse que son una parte más en este oligopolio eléctrico que en lugar de competir –como prometió Aznar al justificar la privatización del sector- especulan con las tarifas, chantajean al estado y abusan de los consumidores, logrando unos beneficios mil millonarios a costa de muertes y sufrimientos.

El año pasado la muerte de la pobre anciana de Reus, víctima de un incendio al tener que alumbrarse con velas por tener cortada la luz, pareció que podía suponer un punto de inflexión en el problema de los cortes de suministro y las altas tarifas. Pero no ha sido así y ya se encargará el lobby eléctrico de que noticias de este tipo no se vuelvan a publicar en los periódicos, so pena de perder las jugosas campañas publicitarias que realizan todos los años. Y el caso es que ya hay dos personas muertas en Zamora por inhalaciones de monóxido de carbono, eso sí, dos pequeños breves perdido en la página más recóndita de un periódico de provincias.

También resulta incongruente y fuera de toda lógica, que un bien de primera necesidad, como es la energía eléctrica, esté gravado con un IVA al 21%.

Aunque parezca una medida extrema, ante situaciones como las que protagonizan las eléctricas, el sector debiera ser intervenido para no ser víctimas continuas de la especulación, los abusos y las estafas a que nos someten de forma continua las empresas energéticas y para que sea el Ejecutivo quien fije unas tarifas asequibles. La apariencia ha dado paso a la certeza, el Gobierno está más preocupado por proteger los beneficios de las compañías que por el bienestar de los españoles.

Y como muestra de las estafas y manejos empresariales de Iberdrola y compañía, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar a un representante de esta empresa eléctrica, por un presunto delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando paralizó el funcionamiento de varias centrales hidráulicas para inflar el precio de la electricidad. Fue lo que se conoció como el “tarifazo eléctrico del 2013”. Anticorrupción abrió una investigación y consideró que el fraude cometido por la compañía podía encajar en la definición del delito contra el mercado y los consumidores tipificado en el artículo 281 del Código Penal.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la asociación de consumidores FACUA que ejerce la acusación particular, entienden que Iberdrola incurrió en una práctica delictiva, con la paralización de sus centrales hidráulicas para elevar el coste de la energía comercializada en el mercado mayorista y, con ello, las tarifas para el usuario final. El Código Penal establece penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses para “el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores”.

Como siempre sucede en estos casos la culpa se irá diluyendo y finalmente el responsable de darle al botón para parar las centrales será un conserje que pasaba por allí, que casualmente se jubiló hace tres años y se ha ido a vivir a Kuala Lumpur. ¿Apostamos algo?

Eduardo Lizarraga

WWW.AQUIMICASA.NET

 

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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