El desvergonzado plan de Ana Botella, con el que hizo caja vendiendo las viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a Blackstone, un fondo buitre, está encontrándose con la realidad de los tribunales. La operación se realizó vendiendo los inmuebles a un precio muy inferior al de mercado, lo que produjo un perjuicio económico a las arcas municipales de unos 127 millones de euros. Cantidad, que tras la demanda presentada, el Palacio de Cibeles quiere que se le restituya.

La demanda se centra en dos operaciones. Por un lado, la que implica al equipo de Ana Botella, fue la enajenación de 18 promociones completas de viviendas protegidas (1.860), de sus elementos vinculados y de otros inmuebles no vinculados al  fondo buitre Blackstone -mediante su filial Fidere– por 128,5 millones de euros. Aunque, según informes periciales, su precio de mercado era de 249, 2 millones. Una diferencia que produjo un daño a las arcas municipales, pues al ser los fondos de la EMVS fondos públicos, el daño causado sobre ellos afecta también a las cuentas públicas del Ayuntamiento, dada la vinculación que existe entre el patrimonio de ambos.

Los demandados son Ana Botella y su equipo de Gobierno: Concepción Dancausa -actual delegada del Gobierno y antes concejal de Economía y Hacienda-, José Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, María Dolores Navarro Ruíz y Pedro Corral.

La otra operación que está en los tribunales, y por la que se demanda al entonces consejero de la EMVS, Fermín Oslé, es la enajenación de 34 viviendas y dos plazas de garaje a las sociedades Avellanar Inversiones, S.L. y Madrid Town Inversiones S.L., por poco más de dos millones de euros.

Pero parece preciso recordar la operación que ha terminado en manos de la justicia. En el año 2013, con los restos de la burbuja inmobiliaria oliendo a carroña, llegaron a España los fondos buitre. De la mano de políticos y banqueros, con los ojos fijos en las grandes operaciones que administraciones y bancos tendrían que hacer para sanear sus balances, bien aderezadas por ingentes cantidades de dinero público, se hicieron con un ladrillo agrupado y barato.

Entre los fondos que llegaron merece especial atención Blackstone, por la manera sangrante, para la población más desfavorecida por la crisis, con la que ha obtenido sus beneficios, y porque fue el malo necesario para la operación que hizo Botella en el Ayuntamiento de Madrid.

Hay que decir que de todos los fondos de capital riesgo, Blackstone es el mayor del mundo. Sólo en el mercado inmobiliario gestiona 64.000 millones en activos. Desde su llegada a España  realizó una serie de operaciones de legalidad dudosa y de ninguna ética. De entre ellas sobresale la compra de activos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) a la que pagó 128,5 millones por 1.860 viviendas, construidas con dinero público y en régimen de alquiler. A una media de 69.000 euros por vivienda, incluyendo gran cantidad de garajes y trasteros.

La operación se realizó el 20 de junio de 2013, después que la EMV hubiera estudiado otras cuatro ofertas recibidas. Resulta sorprendente que la valoración y la decisión, sobre una cuestión de tanto importe y que afectaba la vida de tantos miles de personas, se realizara en menos de seis días.

Una vez seleccionado Blackstone, se negoció con el fondo, que de resultas de la ardua negociación municipal obtuvo una nueva rebaja de dos millones de euros, algo inexplicable cuando ya había ofertado un precio en el concurso por la propiedad de las 1.860 viviendas sociales, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, por el importe antes mencionado de 128,5 millones de euros, casi la mitad de su precio de mercado. En su momento se supo, que además del descuento suplementario de los dos millones, el fondo obtuvo una propinilla en la compra, ya que el equipo de Botella regaló a Blackstone, gestionado en España por Fidere, once trasteros y garajes valorados en 300.000 euros.

En su momento, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estimó que la enajenación de las 18 promociones se realizó sin un informe técnico de valoración, para fijar el valor de mercado que tendrían los inmuebles. Por ello piensa que hubo un posible quebranto económico, que llegaría a los 2,3 millones de euros –los dos millones de la rebaja y los 300.000 euros de la propinilla- que respondería a la diferencia con la primera oferta de la empresa adjudicataria.

En marzo del 2015 se formó una Comisión de investigación de la Deuda de la capital, con el voto a favor de Ciudadanos. Se constituyó con cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. El PP, al que correspondían cuatro representantes en la comisión, no formuló propuesta de nombramiento, ya que decidió no participar en este órgano municipal que pretendía hacer luz sobre lo ocurrido en materia económica.

A pesar de los esfuerzos del PP por tapar una situación, que afectaba a la mujer de su querido expresidente Aznar, la Comisión finalizó sus trabajos en septiembre, con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo directivo de la EMVS respetó las normas internas de contratación, ni adjudicó el lote a la mejor oferta económica, ni justificó en ningún momento por qué pagó 2,4 millones de euros, en concepto de comisión inmobiliaria, a una UTE de reciente creación y capitaneada por un antiguo directivo de Aguirre Newman, gigante del sector ligado al hermano de Esperanza Aguirre. Y que no sólo la venta de estos inmuebles fue ilegal, y en el proceso actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios, compuestos en su mayoría por jubilados, pensionistas y parados, sino que además supuso un desfalco patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid que podría llegar a los 161 millones, según estimaron en aquel momento.

Para atender a las responsabilidades patrimoniales que podrían derivarse de la demanda admitida a trámite, todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno pidieron que fuera el propio Ayuntamiento, a través de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil que tiene suscrita, el que se hiciera cargo, tanto de las fianzas derivadas del proceso, como de sus defensas jurídicas. Pero la aseguradora -Zurich Service A.I.E- ha dicho que no, porque eso no entra en la cobertura contratada.

Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno en Madrid, ha pedido por carta,al director general de Organización, Régimen Jurídico y Formación del Consistorio, en su condición de asegurada bajo la póliza de seguro de Responsabilidad Civil suscrita por el Ayuntamiento, que se active la cobertura de la póliza de forma inmediata y dado que el contrato de seguro ampara expresamente la Responsabilidad Profesional por daño o perjuicios indemnizables,  Dancausa requiere igualmente al consistorio para que se aplique la defensa jurídica y prestación de fianzas judiciales que le corresponde. Una carta similar a la que han enviado los otros implicados.

Peticiones a las que la compañía Zurich ha contestado poniendo de  manifiesto la ausencia de cobertura para la responsabilidad contable que está siendo exigida por el Tribunal de Cuentas, por lo que “no cabe otorgar la defensa jurídica solicitada”.

Las consecuencias que puede tener la resolución de la demanda, incluso las penales, son difíciles de precisar. En todo caso, no es una actuación política única en la reciente historia inmobiliaria de nuestro país la que se va a juzgar y pone de manifiesto varias cuestiones que deberían resolverse para evitar situaciones similares en el futuro. Entre ellas, que el hipotecado tenga derecho de tanteo y retracto sobre su deuda, sobre todo la que concierne a su vivienda, cuando ésta sale al mercado. Y que cualquier operación en la que el dinero o propiedad pública estén implicados, se realice de forma transparente a los ciudadanos, disponiendo de luz y taquígrafos a discreción. De lo contrario el dinero público seguirá sirviendo para enriquecer a los cercanos al poder político del momento.

Eduardo Lizarraga

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