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Estamos tardando demasiado en coger la aguja

Tal vez sea cierto, como se dice desde distintos ámbitos, que lo de la burbuja inmobiliaria está muy lejos de volver a suceder, pero el caso es que las situaciones que se contemplan día tras día en Madrid, recuerdan mucho a lo sucedido hace ya más de diez años. Y en aquella época también hubo determinados personajes que aseguraban, por los petisuis de sus hijos, que lo de la burbuja era un mensaje de los agoreros de siempre y que no pasaba nada. Y luego pasó, ¡vaya si pasó! Y todavía estamos pagando aquellos disparates.

No sé yo si los tranquilizadores de hoy son los mismos que los iluminados de ayer; creo que no, y que la mayoría, como el famoso MAFO, Gobernador del Banco de España, ya están retirados viviendo de las rentas.

En determinadas zonas de España se están produciendo microburbujas inmobiliarias que repiten, punto por punto, los antiguos vicios de precios galopantes y especulación a la vista. El caso de pisos que se venden en un día y que no  llegan ni al escaparate de las agencias inmobiliarias, comienza a ser habitual en determinadas zonas de la capital. Y eso a pesar de que los precios están superando ya los 4.000 euros por metro en siete zonas de la capital. A las ya tradicionales Salamanca, Chamberí y Chamartín se han sumado Moncloa, Centro, Retiro y Bulevares, con subidas que, en algunos casos, superan el 20%.

Y no hay que engañarse con las causas de esta situación desbocada, que muy poco tienen que ver con la tan cacareada recuperación económica y sí con la entrada de inversores de toda laya, atraídos por la rentabilidad del mercado del alquiler. Tanto del turístico como del residencial. Y a esa demanda se intenta ajustar la oferta con anuncios de pisos, que dicen esperanzados: “Interesantes para inversores”.

El caso es que la situación en Madrid comienza a ser alarmante, sobre todo para los que viven de un sueldo que no se incrementa  con el IPC ni de lejos. Los pisos tampoco incrementan su renta con el IPC, ¡faltaría más!, que el Partido Popular los sacó de ese control para alentar el mercado del alquiler. Y lo alentó sin ninguna duda, tanto que las subidas que se están produciendo ya superan los dos dígitos.

Con esta legislación tan “especial” los fondos buitre llegados al olor de la carroña inmobiliaria en los años 2012 y 2013 se están especializando en la adquisición de edificios para adecentarlos, liberarlos de vecinos molestos y de rentas bajas y ponerlos en producción. Y echar a los habitantes de esas zonas es muy sencillo, se espera el final del plazo de alquiler y se establece una subida del 40% lineal…y es legal.

Y si es legal poner en la calle a los vecinos de toda la vida, por medio de subidas de renta imposibles de asumir para jubilados o mileuristas, también lo es, al menos de momento, poner el inmueble a producir rentabilidades superiores al 8% por medio de los alquileres turísticos. Y a ello se han puesto Bancos, inversores y fondos buitre, unidos en más que discutibles Socimis, que ven dinero fácil y rápido, justo lo que les gusta.

Y en este sentido, el Gobierno Central le pasa el problema de la casa caliente a las Comunidades Autónomas que, si hacen como Cifuentes, dejarán en manos de los ayuntamientos todas las responsabilidades.

El que si se ha puesto rápido a la tarea ha sido Cristobal Montoro, que ya ha organizado una estrategia para llevarse su parte de esos miles de millones que están generando los alquileres turísticos. Y lo hace con una orden ministerial, que obliga a las plataformas de alquileres a suministrar a la Agencia Tributaria los datos fiscales relativos a esta actividad, antes del 31 de octubre.

Esta nueva obligación fiscal, aprobada por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2017, entrará en vigor en julio de 2018. Con  la misma se pretende acabar con muchas actuaciones fraudulentas de empresarios disfrazados de particulares y que disponen, en algunos casos, de centenares de pisos en alquiler, con más camas totales que muchos hoteles grandes de la capital.  Montoro quiere tener  la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda y la de las personas o entidades cesionarias. Pero también la identificación del inmueble, su referencia catastral y el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos. De la misma forma debe figurar el importe percibido por el titular cedente del derecho y el número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de la vivienda.

Por su parte Carmena, que ya está previendo el panorama en la capital para éste próximo verano, quiere suspender la concesión de nuevas licencias y bajar a 60 días el tiempo máximo de ocupación de pisos vacacionales sin licencia.

Preocupados por el precio de la fiesta, que siempre va a cargo de los mismos, se muestran los chicos de la PAH que tachan de “alarmante” la subida en un 4,3% de los desahucios por alquiler, con 35.666 desahucios. Es decir, casi un 60% de los desahucios en 2017 fueron por impago del alquiler. Un aumento que achacan a  las malas políticas del gobierno del PP, que desvincularon los precios del alquiler del IPC y otorgaron un régimen fiscal privilegiado a las Socimis. Esta política gubernamental es la que ha llevado, según esta plataforma de afectados, a incrementos de los precios del alquiler en un 40% desde 2013, y a masivas expulsiones vecinales de sus barrios y municipios de toda la vida.

Y es que muchas de las personas que terminaron desalojadas, por no poder pagar las cuotas hipotecarias,  están en trance de volver a serlo ante el imparable aumento del precio del alquiler y la imposibilidad de pagarlo con unos sueldos o pensiones  miserables, que no se incrementan ni en un euro. Para quienes arrendaron entre 2010 y 2014, los peores momentos de la crisis, las subidas son importantes. Entre 100 euros y 400 más de media se le pedirán al querer renovar el arrendamiento.  Todo dependerá del año en el que se firmó el contrato.

En estos primeros meses del 2018 están caducando los últimos contratos de cinco años, que se firmaron antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aprobada el 5 de junio de 2013, que buscaba flexibilizar la duración de los contratos, pasando de un mínimo de cinco años a tres, y reduciendo la prórroga de tres a uno. El objetivo esgrimido por el Gobierno, fue evitar la rigidez del mercado y que los particulares alquilaran sus pisos vacíos, aunque ello se hiciera a costa de desproteger a los inquilinos,  dejándolos a merced de los caseros, como está sucediendo.  Por si fuera poco, también están finalizando los contratos sometidos a la nueva LAU y que se firmaron en el año 2015

Y la subida que les espera es imposible para una gran parte de los españoles, que perciben sueldos inferiores a mil euros. Nada menos que incrementos del 38% de media, contabilizando desde el 2013 hasta hoy. Y esta media es engañosa, como todas, porque en Madrid suben un 42% y un 50% en Barcelona.  Los burofaxes, anunciando la finalización del alquiler para muchos inquilinos, abundan más que las hojas en otoño y los nuevos términos van a ser inasumibles para muchos, que tendrán que irse cada vez más lejos o buscarse alguien con quien compartir el alquiler –se impone la casa patera-, porque viviendas sociales en alquiler existen pocas en un entorno que acaba con lo público y vende las viviendas sociales a fondos buitre, como ha sucedido en Madrid.

Según el Banco de España, en 2001 vivían de alquiler el 9,6% de los hogares españoles, y en 2016 eran el 16,3%. En las grandes ciudades el porcentaje es superior, con lo que el problema se irá acrecentando conforme pasen los meses.

El Gobierno ha tenido mucho tiempo para prever lo que podía suceder  con el precio de los alquileres y se ha negado a intervenir, obediente a la máxima neoliberal de dejar que el mercado se regule a sí mismo, máxima conservadora que es una de las grandes mentiras que padecemos. La entrada de grandes empresas inversoras en el mercado del alquiler, como Santander, BBVA y Acciona, aleja la posibilidad de la intervención estatal  y deja al inquilino a los pies de los caballos o con los pies en la calle para hablar con más propiedad.  La regulación de la vivienda como un derecho de todos y no un bien especulativo sigue pendiente y alejándose, siendo buena muestra de ello la rentabilidad que alcanzan los inversores, llegados al calor de una legislación, que vuelve a promover la especulación con la vivienda y a que los beneficios inmobiliarios se realicen a costa de los que menos tienen.

Resulta obvio que la microburbuja inmobiliaria que sufrimos deviene por la rentabilidad del alquiler y la favorable normativa existente, demasiado decantada del lado del propietario. Tal vez si sus señorías, como es el caso de Bañez y Montoro, no dispusieran de bienes inmobiliarios  rentabilizándose en el mercado del alquiler, a la vez que reciben la ayuda del Congreso de 1823 euros mensuales, por no disponer de vivienda libre en Madrid, estarían más proclives a regular el mercado inmobiliario.

Este  mercado, como todos,  debe producir beneficios para que funcione. Los propietarios obtener rendimientos suficientes, al igual que los intermediarios que mantienen una estructura y unos puestos de trabajo –más de 220.000-sin olvidar al importante sector de la construcción que, de momento, acaba de levantarse.  Pero si aceleramos la máquina por encima de nuestras posibilidades, nos saldremos en la curva, aunque llevemos un Aston Martin; las consecuencias ya las conocemos, que se ven a diario. Menos beneficios relámpago y más control. Y si hay que pinchar la burbuja antes de que se hinche demasiado, ya estamos tardando en coger la aguja.

Eduardo Lizarraga

WWW.AQUIMICASA.NET

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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