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Colau dará ayudas a la rehabilitación a los alquileres justos

Después de haber visitado el miércoles el Congreso de los Diputados de Madrid, para pedir una reforma urgente de la LAU, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presentado en Barcelona, las novedades que llevará adelante en su política de vivienda. Y una de sus piedras angulares serán las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios.

Colau asegura que se vincularán estas ayudas a la rehabilitación al índice de precios del alquiler, con la clara intención de dificultar la gentrificación que está viviendo el centro de Barcelona.  De esta manera, asegura Colau, Barcelona será la primera ciudad en darle una utilidad al índice de precios del alquiler.

Un índice de referencia que por primera vez se vinculará a la obtención de las ayudas públicas para la rehabilitación, ayudas en las que la ciudad prevé invertir 42,5 millones durante este 2018, y que seguirán condicionadas a las bautizadas como cláusulas antigentrificación, ya introducidas en anteriores convocatorias de este mismo mandato, como la obligación de la renovación a los actuales inquilinos por un mínimo de cinco años o la obligación de ceder a la bolsa municipal de alquiler los pisos vacíos en las fincas a rehabilitar.

Y para quitar argumentos a los que pretenden la absoluta liberalización del mercado inmobiliario, la alcaldesa de Barcelona indica que  “el parque de viviendas de la ciudad está experimentando más rehabilitación que nunca. Si en el mandato anterior se dieron 700 ayudas al año, en este la media está en 1.500, más del doble”.

La nueva convocatoria de subvenciones pèrmitirá la rehabilitación de casi 16.000 viviendas anuales, con una inversión privada de 120 millones de euros y la creación de 3.800 puestos de trabajo.

El programa de ayudas a la rehabilitación de este año prevé una atención especial a las fincas más vulnerables que dispondrán de un apartado de 15,3 millones de euros y podrán llegar a subvencionar hasta el 100% de la rehabilitación. Para una mayor efectividad del programa, se está realizando una detección previa de éste tipo de fincas e informando a los vecinos de la posibilidad de solucionar los problemas que afectan  su edificio. Los equipo de gestión del ayuntamiento ya están trabajando con 225 fincas de este tipo, de las que se han emitido 153 informes favorables y firmado 85 convenios de asesoramiento.

Uno de los motivos por los que una finca puede ser vetada para entrar en el plan es que no tenga el 70% de los pisos habitados de forma legal. Si el 30% de los pisos están vacíos -y sus propietarios declinan ofrecerlos a la bolsa de alquiler- o okupados, estas fincas quedarán vetadas, así como si su propiedad es vertical (si todos los pisos son de un mismo propietario).

La convocatoria general para el 2018, de la que también quedarán excluidas las viviendas destinadas a uso turístico, tendrá otro apartado de 21,2 millones en ayudas específicas destinadas a subvencionar problemas estructurales,  en fachadas, patios, medianeras, escaleras y vestíbulos y obras de accesibilidad, así como la instalación de ascensores o la supresión de barreras arquitectónicas.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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