Que en la compra por un euro del Banco Popular por el Banco de Santander hay mucho tomate es algo que todos percibimos, pero que el Santander se esté resistiendo a la acción de la justicia es lo que no se está difundiendo demasiado. Y en este sentido es preciso señalar que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha dirigido, por tercera vez, al Banco Santander para instarle a aportar de nuevo toda la documentación sobre la compra del Banco Popular. Pero Andreu quiere la información «completa, en castellano y sin tachaduras». Por lo visto es Banco de Santander está muy reticente.

Con esta medida el juez de la Audiencia Nacional ampara la petición de un grupo de fondos de inversión perjudicados por la venta del Banco Popular. Los fondos Cairn Capital, Anchorage, Pimco y Algebris perdieron casi 800 millones de euros en la operación y están personadas en la causa abierta contra los expresidentes del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, junto a sus consejos de administración por falsedad societaria y administración desleal.

El amparo del juez Andreu sobreviene cuando los fondos de inversión afectados le justifican que el  Santander no les ha facilitado toda la información requerida, a todas luces insuficiente tras la adquisición de una de las mayores entidades financieras de España. Y que tampoco ha aportado nada sobre el histórico de posibles ofertas anteriores del Santander por el Popular a pesar de haber reconocido su existencia; añadiendo que en ese histórico podrán verse la cuantía económica de las ofertas presentadas.

Los fondos  mencionados cuestionan que no exista un informe del equipo de Riesgos del Santander a la hora de estudiar la adquisición del Popular y también que no se presenten las ofertas previas de adquisición a la de un euro que se llevó el «premio gordo».  El banco sí ha incluido un informe de Citigroup sobre la compra, pero el grupo de fondos de inversión denunció que se trataba de un borrador y no de la versión definitiva.

En algunos casos, además, los documentos aparecían con párrafos tachados o censurados, como en el caso de la presentación que se envió al Consejo de Administración del Santander o de los elaborados por la Comisión Ejecutiva sobre la compra del Banco Popular. De forma similar algunos de los documentos llegaron en inglés, lo que es sorprendente para un banco de Cantabria.