El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anunció un código de buenas prácticas que se aprobaría en la próxima reunión del gabinete, el pasado día 30 de diciembre y tendría como objetivo -aseguró- la devolución del importe de la cláusula suelo a los damnificados. El código de buenas prácticas sería de adhesión voluntaria para la banca que impuso estas prácticas abusivas a los usuarios. De acuerdo a las palabras del portavoz del Ejecutivo los principales objetivos de este documento serían el de dar seguridad a los afectados e intentar resolver el problema de forma rápida.

El documento era fruto de las conversaciones secretas mantenidas por el PP y el PSOE desde semanas atrás de la resolución del problema de la cláusula suelo por Bruselas, en la que imponía a la banca española la obligación de devolver todo el dinero percibido de forma irregular a los damnificados. Un negociación en la que los consumidores no habían estado presentes.

Horas después del anuncio de éste nuevo código de buenas prácticas el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, advirtió de que sería inadmisible que el código de buenas prácticas, que pretende aprobar el Gobierno, plantease una quita en la devolución del dinero defraudado con las cláusulas suelo. Sánchez criticó que PP y PSOE hayan negociado este código de espaldas a las asociaciones de consumidores. Una negociación que se produce entre los dos partidos que han gobernado sin tomar medidas contra el mayor fraude que han sufrido los consumidores en la historia.

Sucedida esta información desde Facua y otras que abundaban en un nuevo manejo del PP/PSOE para proteger a los bancos, frente a la obligada devolución de lo cobrado irregularmente a lo consumidores, no se ha vuelto a tener noticias del código de buenas prácticas. Por lo que parece la intención de Gobierno era la de seguir defendiendo a los bancos y que la quita en la cantidad a recibir, denunciada por FACUA, era algo más que una suposición infundada. Ya es hora de que el Gobierno que tiene que defender los intereses de los españoles lo haga de una vez y pesen más los dos millones de estafados, que la labor del lobby bancario. Lo contrario sería una nueva burla, sin contar con la sentencia de Bruselas que es de obligado cumplimiento.

Lo que tiene que hacer el Gobierno es obligar a los bancos a que cumplan la sentencia de Bruselas y crear un instrumento que facilite el cobro íntegro y rápido de las cantidades estafadas sin tener que recurrir a los Tribunales, con los gastos innecesarios y el colapso de la Justicia que ello supone.