Justicia gratuita y para todos es una de las máximas de los estados de derecho democráticos europeos y que en España el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón estuvo eliminando. Ahora, la Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado el proyecto de ley sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, según el cual estos procedimientos serán gratuitos para los ciudadanos y no habrá límites del importe de la reclamación.

De esta forma, y a través de una de las más de cien enmiendas que se han presentado al proyecto de ley, en este caso una enmienda socialista, estos litigios resultarán gratuitos para los ciudadanos y no deberán abonar el mínimo de 30 euros que fijaba el texto inicial para la gestión del sistema de arbitraje en la resolución de conflictos de consumo. El proyecto, que transpone la directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, pretende garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea la posibilidad de resolver litigios con empresas establecidas en cualquier estado de la Unión y facilitarles, que los posibles problemas derivados de sus contratos, tengan una solución extrajudicial.

Se trata de conflictos de carácter nacional o  internacional surgidos entre un consumidor y una empresa, con ocasión o como consecuencia de un contrato de compraventa o de prestación de servicios celebrado de forma presencial, electrónica o telefónica. Las entidades financieras y  las compañías aéreas deberán someterse obligatoriamente a este procedimiento. Con el objetivo de dotar  económicamente  a este proyecto de ley, se prueba un plan de ayudas para las Juntas Arbitrales de Consumo. El texto también  elimina las cantidades mínima (30 euros) y máxima (10.000 euros) para admitir a trámite una reclamación.