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La crisis ha dejado a los consumidores en manos de los bancos

Podríamos reírnos si el trasfondo de la información no fuera tan serio y confirmara que las administraciones del Estado están a disposición de los bancos. Todos lo sospechamos, pero cuando las pruebas afloran nos sigue resultando sorprendente. Aunque cada vez menos, porque ya lo vamos asumiendo. Asumimos que desde el comienzo de esta larga crisis los derechos de los consumidores se han ido diluyendo, a la vez que disminuía la inversión de las administraciones para defenderlos y aumentaban los derechos de las empresas. En el caso de los bancos la situación se ha vuelto sangrante.

Y en este caso la situación es tan evidente que ni tan siquiera han pretendido ocultarlo. La autoridad de protección a los consumidores de la Junta de Extremadura afirma que la “competencia específica” para aplicar la ley y decidir si se imponen multas ante los fraudes de los bancos la tienen sus departamentos de atención al cliente. Así lo señala en la respuesta a una denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra Liberbank, por la comisión de varias infracciones a la legislación de consumo en una hipoteca con cláusula suelo.

“Le comunicamos que se ha dado traslado de su denuncia, por razones de competencia específica sobre los hechos que la motivaron, al Organismo siguiente: Departamento de Atención al cliente Liberbank. Es la escueta contestación con la que el Instituto de Consumo de Extremadura, adscrito a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, despacha la denuncia interpuesta por FACUA en nombre de un socio de la localidad cacereña de Hervás por haberse producido en su hipoteca varias infracciones a la normativa de defensa de los consumidores.

FACUA considera una gravísima irresponsabilidad que el organismo, dependiente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, actúe como si desconociese que desde 1984, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que las autoridades competentes en materia de consumo de las comunidades autónomas sancionarán las conductas tipificadas como infracciones en materia defensa de los consumidores. La competencia sancionadora de la Junta también está definida por el propio Estatuto de los Consumidores de Extremadura de 2001.

“Parece una cínica broma que el Gobierno extremeño pretenda poner en manos de los bancos la decisión de si se imponen multas a sí mismos cuando cometen fraudes a los consumidores”, denuncia el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez. “No sabemos si es más grave que los políticos que están al frente de la autoridad de consumo se desentiendan de su obligación de aplicar la ley para defender los derechos de los consumidores de Extremadura o que planteen algo tan disparatado como que sean los propios bancos quiénes decidan si cometen conductas abusivas y se autoimpongan las sanciones correspondientes”, advierte.

Ante la gravedad de las hechos, por los que el organismo de protección a los consumidores elude ejercer sus competencias, FACUA ha puesto el caso en conocimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo, a fin de que investigue la actuación contraria a la ley llevada a cabo por el Instituto de Consumo de Extremadura.

La denuncia de FACUA contra Liberbank -fruto de la fusión fría en 2011 de Caja de Extremadura, Cajastur y Caja Cantabria- está fechada a comienzos de enero. En 2013, la asociación ya denunció a una veintena de entidades bancarias ante el Instituto de Consumo de Extremadura por el macrofraude de las cláusulas suelo con el objeto de que les incoase expedientes sancionadores. En esa ocasión, la autoridad de consumo extremeña ni siquiera dio respuesta a las denuncias.

Desde agosto del año pasado, la gerente del Instituto de Consumo de Extremadura es Leonor Martínez-Pereda, quien fuera consejera de Fomento y directora de la Agencia de la Vivienda en la etapa de Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente de la Junta.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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