Extendiéndose como una mancha de aceite, la sensación de injusticia interesada de la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra los afectados por el IRPH, va calando en los diversos juzgados de España. Y es que la estructura judicial procedente del antiguo régimen y sus herederos va quedando muy atrás con unos jueces que ya tienen las normativas europeas como referente. Está sucediendo con las demandas por el IRPH.
Viene al caso porque el Juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid ha suspendido la demanda colectiva de ASUFIN contra UCI por la aplicación en sus hipotecas de la cláusula IRPH a la espera de resolución de las dos cuestiones prejudiciales presentadas en el TJUE que exigen más aclaraciones desde Europa.
La demanda colectiva se presentó por parte de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) en enero de 2018 contra las hipotecas de esta entidad financiera, Unión de Crédito Inmobiliario, y forma parte del conjunto de demandas colectivas, con las que la asociación pretende expulsar este índice del mercado, contra el resto de entidades con IRPH en su cartera de contratos hipotecarios.
El auto que notifica el nuevo estado en el que queda la demanda se produce a tres meses de que el propio Tribunal Supremo manifestase en una providencia fechada el 5 de marzo que paralizaba todos los procedimientos. En concreto, informaba de su intención de dirigirse al TJUE para recabar información sobre la cuestión prejudicial elevada por el juzgado 38 de Barcelona, con dudas en torno al IRPH.
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, se muestra satisfecha por este paso dado por el Mercantil de Madrid que denota la “cautela que tienen que mantener ahora las distintas instancias judiciales a la espera de que el TJUE nos proporcione más aclaraciones”. Es imprescindible, añade, “que en estos momentos se proteja al consumidor y se le salvaguarde de sentencias en contra cuya firmeza le impida seguir defendiéndose en tribunales cuando todavía desde Europa no se ha dicho la última palabra”. Sería muy injusto ser sentenciado en contra y que en unas pocas semanas o meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se mostrara favorable a las tesis defendidas por los usuarios afectados.
