Con los juzgados especializados en abusos bancarios colapsados por más de 240.000 procedimientos por resolver a causa de las cláusulas suelo, a los que hay que sumar el resto de procedimientos por cláusulas abusivas,  se espera que en breve lleguen los de los afectados por el IRPH, porque aunque su aclaración judicial definitiva está pendiente de Luxemburgo, son muchos los jueces que están fallando en primera instancia a favor de los afectados. Aunque la banca, con una estrategia que viene ya de lejos,  va a recurrir «ad nauseam» todos los procedimientos hasta que termine por hartar a los afectados condicionados por los plazos y el coste. Y entonces el atasco será mayor que el padecido en estos momentos.

Previendo la situación y antes de que los juicios por el IRPH colapsen aún más estos juzgados especializados en cláusulas abusivas, desde Asufin piden amparo al Ministerio de Justicia.  La mala situación, provocada por los centenares de miles de procedimientos abiertos,  se ve acrecentada por la insistencia de algunas entidades bancarias en alargar los procesos y recurrir a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia está en su contra, lo que alarga los procedimientos y supone un coste elevado para el consumidor.

La presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, esperando que «sirva de reflexión» y suponga el inicio un diálogo entre el Ministerio y la asociación de usuarios financieros. La misiva reprocha que, tras más de una década impulsando medidas para agilizar los procesos judiciales, la situación «ha empeorado notablemente». Según expone, un afectado de la banca que reclama legítimamente la devolución de su dinero con toda la jurisprudencia a su favor tiene que esperar más de cuatro años para que se resuelva su caso.

En concreto, la admisión a trámite lleva una media de dos años en demandas multidivisa y de tres y cuatro años en cláusulas suelo en el juzgado especializado 101 Bis de Madrid, dos años en el juzgado 50 de Barcelona, hasta tres años en el de Málaga y dos años en los de Cádiz, Zamora y Valencia. Para denunciar la «mala praxis» de las entidades bancarias, desde la asociación de usuarios financieros han hecho llegar al Ministerio de Justicia varias de estas notificaciones en las que el servicio de atención al cliente de los bancos remite al usuario directamente a los tribunales. Los bancos, todos en una piña «como si se hubieran puesto de acuerdo» retrasan los procedimientos en los tribunales, recurriendo a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia les es contraria.

Un sistema que les sale sumamente rentable, pues disuade a los consumidores de reclamar y supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras 6 o 7 años a los pocos consumidores que hayan reclamado.
El 97,55% de las demandas ya resueltas en los juzgados especializados da la razón al consumidor, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y litigar tiene un coste no solo para el demandante, sino para las arcas públicas, pues los ciudadanos pagan con sus impuestos unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor. Es una abuso más de las entidades financieras contra la estructura judicial del país y el dinero de los contribuyentes.  Pero alegan derecho a la defensa.