Aunque haya resultado tarde para muchas causas y que las empresas que todos conocemos salieron de rositas de sus abusos masivos, como Movistar con su Fusión «Para toda la vida». Por fin el Ministerio de Consumo ha asumido una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones de consumidores como FACUA-Consumidores en Acción y tendrá potestad para sancionar casos de fraudes masivos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 2 de noviembre esta reforma de las competencias, que se introducirá mediante la publicación del nuevo Real Decreto-ley de transposición de directivas. El Ministerio cumple de esta forma con una necesidad que FACUA venía reclamado al titular de la cartera ministerial, Alberto Garzón, desde el inicio de la legislatura como una prioridad en la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, ha mostrado su «satisfacción» ante el «cumplimiento del compromiso que asumió con FACUA al inicio de la legislatura el ministro de Consumo» a través de este real decreto-ley. «Le queda mucho por hacer«, ha dicho Sánchez, «pero lo cierto es que Garzón está emprendiendo importantes avances legislativos para la protección de los consumidores«.
Con esta modificación, Consumo podrá incoar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por las empresas. Desde las asociaciones de consumidores se espera que la redacción del articulado de la reforma legal garantice de forma clara estas competencias sin condicionantes ni ambigüedades.
En este sentido, FACUA considera fundamental que el Gobierno dote al Ministerio de recursos materiales y humanos suficientes para que pueda cumplir con garantías esta función de inspección y sanción de fraudes masivos.
Así, las comunidades autónomas seguirán teniendo las competencias sancionadoras que asumieron en sus estatutos de autonomía. Si una autoridad de consumo autonómica decide tomar medidas ante un fraude que afecte a consumidores de distintas comunidades, podrá seguir multando en función de los afectados de su territorio.
