El efecto llamada en el sector inmobiliario no es nada nuevo; cuando las ventas mejoran, los precios suben y se percibe un horizonte con beneficios llegan multitud de nuevos o anteriores actores al sector. Y con ellos llegan también la desinformación, el trabajo mal hecho y los abusos a compradores y vendedores que al final perjudican a todos. El desconocimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos y su alcance es uno de los hechos más frecuentes.

FACUA-Consumidores en Acción se hace eco de un problema ya conocido y reclama a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas que pongan en marcha mecanismos de control sobre las inmobiliarias y los portales online de alquiler de vivienda, que deriven en la aplicación de sanciones aquellas empresas que elaboran contratos con cláusulas que vulneran la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El Ministerio de Consumo se ha dirigido este lunes a empresas del sector para trasladarles su preocupación ante la creciente dinámica de inclusión de cláusulas contrarias a la legislación. Entre ellas, fianzas desproporcionadas de hasta cinco meses, garantías adicionales y mensualidades adelantadas. El profesional debe saber decir a los propietarios cuáles son los límites legales a sus preocupaciones de seguridad por los impagos, que están detrás de muchas de estas irregularidades. Y es preciso preguntarse que si esto sucede con algunos profesionales, ¿que estará pasando en los tratos entre particulares?

FACUA considera fundamental que las administraciones autonómicas de protección al consumidor ejerzan sus competencias sancionadoras sobre las empresas que, de forma sistemática, confeccionan contratos de alquileres a los propietarios de viviendas que acuden a ellas en los cuáles se incorporan cláusulas expresamente prohibidas por la legislación en materia de arrendamientos urbanos.

Asimismo, la asociación advierte de que en el sector inmobiliario también se llevan a cabo prácticas ilícitas como el doble cobro de comisión a propietarios y a compradores o arrendatarios, la incorporación irregular de cláusulas por las que imponen la exclusividad o incluso el cobro de supuestos servicios de búsqueda de vivienda sin que desarrollen otra labor que facilitar a los usuarios la relación de inmuebles que ofertan.