El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este pasado miércoles 22 de junio en la sesión de control al Ejecutivo que el nuevo plan anticrisis, que se aprobará el próximo sábado, traerá consigo una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Y lo anuncia como si fuera una medida definitiva contra la carestía de la luz que fuera a solucionar el problema del importe de la factura. Y nada más lejos de la realidad, porque la medida va a tener un pequeño resultado que además pagaremos entre todos con una menor recaudación. Pero de controlar el precio de la luz disminuyendo los beneficios de las empresas eléctricas nada de nada.

Es como si le diera miedo al Gobierno de España imponer sacrificios a los que más ganan, para que el país en su conjunto pueda sufrir menos frente a la crisis manteniendo y costeando el Estado del Bienestar, amenazado por una interesada política de diseño de precios finalistas y la guerra de Ucrania. Y este miedo se traduce en la constante renuencia a tomar decisiones, dejándolas siempre para más adelante.

La asociación de consumidores FACUA recuerda que la anterior bajada del IVA de la electricidad quedó anulada en cuanto a impacto en el recibo de la luz, debido al continuo alza del precio, una circunstancia que podría volver a repetirse.

Así, FACUA también incide en que las medidas deben pasar por recortar los descomunales beneficios de las compañías eléctricas mediante impuestos que precisamente sirvan para retornar parte de dichos ingresos a las arcas públicas, en beneficio de todos los usuarios. En este sentido, critica que el PSOE vuelva a aplazar la decisión de crear dichos impuestos y hable ahora de retomarlo durante el planteamiento y aprobación de la Ley de Presupuestos para 2023.

La asociación advierte de que resulta peligroso desarrollar este tipo de medidas basadas en grandes bajadas de impuestos sin equilibrarlas con subidas impositivas al sector eléctrico o a las grandes empresas en general y es que no se puede vivir de forma constante en el déficit presupuestario. La situación constata el punto más débil del PSOE, intentar ayudar a las clases menos favorecidas pero sin tocar los recursos de los que más tienen.

Por otro lado, FACUA señala que el Gobierno sigue ignorando su capacidad de proteger a las familias extendiendo a muchos más usuarios la aplicación de los descuentos que suponen el bono social, de manera que los beneficiarios puedan ser muchos más que los actuales. De esta manera, podría convertirse en una auténtica tarifa social, alejada del muy reducido impacto que tiene actualmente.

La asociación incide en que bajar nuevamente el IVA, al igual que en las ocasiones anteriores, no impedirá que las eléctricas puedan seguir aplicando subidas de las tarifas -reduciendo al mínimo el beneficio de dicha medida- aprovechando la especulación que les permite el sistema de subasta. «Por ello, se debe reclamar a Bruselas el punto y final a un sistema de fijación de precios que representa una estafa a los consumidores«, ha señalado FACUA.

De la situación, tenemos como ejemplo el tope del gas, aprobado este mes de junio y que ha tenido un impacto muy reducido en la factura eléctrica, muy lejos del supuesto recorte del 40% del recibo que anunció inicialmente el Gobierno.