El Gobierno de Sánchez  acordó, el pasado 29 de septiembre,  no prorrogar la moratoria de cortes de suministros en todos los hogares del Estado. La medida  muestra de verdad cuáles son los verdaderos poderes del país y llevará, si no se remedia, mucho sufrimiento a los miles de hogares más desprotegidos y afectados por una pandemia a la que de momento no se le ve el fin,  familias que lo están pasando mal por su falta de ingresos provocada por la pérdida de trabajo o cierre de negocios.

La medida va a dejarles en lo peor del año, con el invierno ya a las puertas, a expensas de esas verdaderas hermanitas de la caridad que son las empresas energéticas. Primas hermanas de los bancos a los que, sin embargo, con el precio al que está el dinero la moratoria hipotecaria favoreció.

El Ejecutivo de coalición no puede desentenderse de esas decenas de miles de familias vulnerables, acorraladas por la drástica disminución de sus ingresos y que van a tener que elegir entre comer o pagar la luz. Es una dramática decisión que ya se produjo en la anterior crisis y que nos dejó muchas víctimas. Sánchez debe aprobar cuanto antes,  una prórroga indefinida de la prohibición de cortes en el ámbito doméstico, al menos  hasta que no se incluya el principio de precaución en materia de pobreza energética en la legislación española. Tras el cese de la moratoria los pagos se amontonan, se vuelven imposibles y llegan las cartas amenazando con cortes en los suministros.

Por eso más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales han exigido que se recupere la moratoria de cortes de suministro de los servicios esenciales, al constatar el considerable aumento de familias en situación de pobreza energética a raíz de la pandemia y a las puertas de una gran crisis social y económica. Como dato a tener en cuenta hay que señalar que sólo en las dos últimas semanas 150.000 ERTES se amontonan en las oficinas del SEPE.

Está claro que el Gobierno de Sánchez se ha visto desbordado por la profundidad y la prolongación de la pandemia . Lo que podía haber sido tres meses se ha convertido en 9 y lo que te rondaré morena. Por eso es necesario prorrogar las moratorias hasta bien entrado el año 2021, como piden la mayoría de las organizaciones sociales. Pero enfrente están las eléctricas, sus intereses y su poder.

Si a los bancos no les preocupa mucho el impago de unos intereses que hasta pueden ser negativos en algunos casos, las eléctricas aducen que no pueden dejar de cobrar lo facturado por que les va la vida en ello, o los resultados del año que es lo mismo. Podría entenderse si no fuera mentira. Y de lo más podrida, ya que como bien podemos suponer las eléctricas, como la banca, nunca pierden.

Hace ya mucho tiempo que las “hermanas” idearon un sistema, que pagamos entre todos,  para cubrir las pérdidas de energía que se producen por transporte, distribución, errores de medida y fraudes,  es decir por su inoperancia, hasta un 15% de la producción total. De manera genial esas pérdidas  se prorratean entre los usuarios, de forma proporcional a su tarifa. Para que tengamos una idea de este verdadero “seguro de pérdidas”, la CNMC estima que el fraude, cometido en su mayor parte por empresas y grandes consumidores, alcanza una cifra anual de unos 150 millones de euros.

El problema que se vislumbra en cuanto se escarba un poco es que se ha perdido la noción de lo que la luz, el agua y el gas tienen de servicio público, identificable como básico y esencial para toda la comunidad. Y ello sucedió en el mismo momento de su privatización.

El expolio que para todos los españoles supuso la privatización de Endesa por Aznar y su venta posterior, con el oscuro y desastroso episodio de la creación de la figura del déficit de tarifa por Rato,  continúa como causa principal del disparatado mercado eléctrico español, sus abusos hacia los consumidores, estafas de los contadores y raterías varias. Empresas intocables que intervienen al estado y que fundamentan sus beneficios en deudas increíbles, costes inasumibles y pobreza energética para 4,5 millones de españoles, no pueden ser honradas y fiables, ni muchísimo menos.

Años después de Aznar, con los socialistas en Moncloa, el gobierno de Zapatero quiso volver a controlar la eléctrica. Lo intentó en 2005 a través de la OPA de Gas Natural. Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, difundió que tras la operación estaba la mano negra de los catalanes  y el gobierno del PSOE- y, con la complicidad del PP, que lo convirtió en el héroe del momento, se revolvió para hacerla abortar. Gastó generosamente millones de euros en asesores legales y consultores para frenarla y terminó impulsando una contraopa de la alemana E.ON. Tras 2 años de una batalla político económica extraordinariamente agresiva y costosa, la constructora española Acciona y la estatal italiana Enel, con el concurso financiero del Banco Santander, formalizaron en una mañana la compra de Endesa por más de 40.000 millones de euros. Una de las operaciones más caras de la historia económica europea. El patriotismo había conseguido que en lugar de quedar en manos de Gas Natural, que era una empresa catalana, fuera a parar a ENEL, la eléctrica nacional de Italia.

Y el negocio fue redondo, primero, en los dos años de luchas por su control y con sucesivas OPAS y contraopas el valor de la acción subió desde los 25 hasta los 41 euros. La subida del valor de las acciones exige más dividendos para remunerar el capital y como la tarifa eléctrica garantiza la rentabilidad de las empresas, ésta crece en paralelo al aumento de cotización de las mismas.

Para que esta fantástica operación financiera no impactara súbitamente en el precio de la electricidad, Rato, ministro de Economía en 1998, camufló el incremento del precio de la luz instaurando el “déficit de tarifa”. Aunque el recibo no subía más que en un 2% anual, porcentaje próximo a la inflación, la diferencia con el precio del mercado eléctrico se trataba como una deuda de todos los españoles, a pagar en el plazo de 15 años. El saldo acumulado alcanzó a principios de 2014, los 30.000 millones de euros, importe que las eléctricas ya han cobrado en su mayoría, convirtiendo los títulos de deuda en ingresos adelantados. En cambio, los ciudadanos lo pagamos a los bancos, tenedores de la deuda, en forma de “peaje” en el recibo de la luz.

A finales de 2017 ascendía a 20.994 millones de euros. ​A finales de 2018, a 18.851,5 millones de euros, aproximadamente un 10% inferior a la del 2017. A finales de 2019 la deuda era de 16.602 millones de euros, alrededor de un 12% inferior a la de 2018.

No es de extrañar que el hacedor de estas inmensas plusvalías tenga un puesto en el Consejo de Administración de Endesa, remunerado con 200.000 euros. Y poco es para quien facilitó la venta de nuestra mejor y mayor empresa pública al Estado de Italia. De patriotismo mejor ni hablamos.

Con éste origen la probidad del sector dista mucho de la que debiera y así, raro es el mes que alguna empresa del sector eléctrico no es denunciada o sancionada por actuaciones en contra de los consumidores o estafas manifiestas. Iberdrola, Naturgy, (Gas Natural Fenosa) o las más de las veces Endesa, nos muestran muy a las claras, ahora que ya no se silencian sus actividades, de qué forma engordan los beneficios. La manipulación del mercado o los intentos de llevar a los usuarios hacia tarifas fraudulentas han sido las más comunes. Así, las sanciones de las diferentes administraciones y de la CNMC menudean.

Es un error pensar que las multas impuestas llegan a cobrarse en algún momento, porque la zona de influencia de las eléctricas se extiende más allá del poder político. No sólo consiguen leyes favorables, sino impunidad a la hora de actuar en contra de los consumidores; y esta situación es más evidente cuanto mayor rango tiene el tribunal que siempre falla a su favor y anula o convierte las multas en ridículas.

La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es interesarnos por la banda de mafiosos que dirigen estas súper empresas y que parecen más vulgares chorizos o descuideros, que empresarios del Ibex 25, o tal sea por eso – me llega la imagen de Sánchez Galán y sus casi 10 millones de euros.  Y lo siguiente de lo que nos percatamos, después de palparnos el bolsillo con cierta intranquilidad, es que sus beneficios, esos de los que presumen, llegan de lo que consiguen estafarnos a lo largo del año, de una manera u otra. Y además en el ámbito de una cierta impunidad.

Y si lo consiguen es porque Gobierno tras Gobierno, desde la privatización del sector por parte de Aznar, todos han actuado favoreciendo de manera bochornosa los intereses de las eléctricas frente a los del resto del pueblo español. Podría decirse que son una parte más en este oligopolio eléctrico que en lugar de competir –como prometió Aznar al justificar la privatización del sector- especulan con las tarifas, chantajean al estado y abusan de los consumidores, logrando unos beneficios mil millonarios a costa de muertes y sufrimientos.

Y resulta escandaloso que una verdadera pléyade de ex ministros, ex directores generales y ex presidentes se siente en los Consejos de Administración de estos timadores expertos, dándoles “consejos” y asesoramiento para estafarnos mejor. O al menos les pagan por ello.

También resulta incongruente y fuera de toda lógica, que un bien de primera necesidad, como es la energía eléctrica, esté gravado con un IVA al 21%, como un artículo de lujo.

Aunque parezca una medida extrema, ante situaciones como la que tenemos en estos momentos el sector debiera ser intervenido para no ser las víctimas propiciatorias de la especulación, los abusos y las estafas a que nos someten de forma continua las empresas energéticas y para que sea el Ejecutivo quien fije unas tarifas asequibles –el PVPC no es suficiente-  y se impulse la imposibilidad de los cortes de suministros a familias vulnerables.

Tras la última decisión de Sánchez, la apariencia ha dado paso a la certeza, el Gobierno, como siempre, está más preocupado por proteger los beneficios de las «hermanas», que por el bienestar de los españoles. La moratoria en los cortes y la condonación de la deuda en meses de pandemia no debe ser negociable. ¿O es que sólo la hostelería y el turismo van a pagar la crisis?

Eduardo Lizarraga

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