Parecía que la salida de Pablo Iglesias del Gobierno podría dar un respiro al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pero la realidad es tozuda y la Ley de Vivienda continúa estando muy presente, sobre todo porque con Ione Belarra al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el derecho a la vivienda va a seguir encontrándose de frente con los derechos económicos. En todo caso hay todavía recorrido, como lo demuestra que el Movimiento por la Vivienda haya celebrado el pasado 15 de abril una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados, para exigir la total transparencia en lo relativo a la propuesta de la ley por el derecho a la vivienda.

En el acto, al que ha asistido Marian Díaz, presidenta de FACUA Madrid y directiva de la asociación, el colectivo ha recordado que sobre esta cuestión remitió el pasado 26 de marzo una carta firmada por más de cien organizaciones de todo el Estado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos,  sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta alguna.

El Movimiento denuncia que el ministro Ábalos desoye sus peticiones y se niega a hacer público – razones tendrá que veremos antes de que termine mayo- en qué va a consistir y qué medidas va a contener la ley de vivienda que debe aprobar el Gobierno por el acuerdo al que llegaron PSOE y Unidas Podemos para formar el Ejecutivo.

El colectivo advierte de que la situación que vive el Estado español es más alarmante que nunca. Debido a la imprudencia y dejadez del PSOE, a 24 días de que finalice el estado de alarma y tras la prórroga por sólo tres meses de las medidas antidesahucio, no existe aún una ley que asegure el acceso a una vivienda digna.

La situación resulta más alarmante al haber anunciado los grandes propietarios, que presionan para obtener los beneficios fiscales y de los otros que ya les han prometido, que se producirán hasta 40.000 desahucios por impago del alquiler a partir de que se levanten las medidas de protección en materia de vivienda.

Por este motivo, la iniciativa por una ley de vivienda exige que el Gobierno abandone la opacidad y establezca una mesa de negociaciones formal para el conocimiento, redacción y difusión de los contenidos de la futura ley por el derecho a la vivienda. De igual forma, pide que se prolonguen todas las medidas de protección en materia de desahucios y alquiler de vivienda hasta la aprobación de dicha ley.

El colectivo asegura que, de no hacerse efectivas sus exigencias en avance de una ley que asegure el acceso a la vivienda, tiene previsto desarrollar multitud de movilizaciones a lo largo de todo el Estado. Con las elecciones madrileñas el próximo día 4 de mayo, parece claro que Ábalos no hará ningún movimiento de momento, pero a partir del instante en que avance el contenido de la ley puede producirse muchas manifestaciones coreando su nombre.