Otro mes más la factura de la luz se suma al coste del gas, los carburantes y para los que tengan hipoteca la subida del euríbor, para dificultar que muchos consumidores puedan llegar a fin de mes. Lo de ahorrar para los imprevistos es un imposible y también lo de las cañas y el bocata de calamares para celebrar la libertad. Los beneficios de las grandes empresas ya se están comiendo el consumo.

La factura de la luz del usuario medio alcanzó los 124,90 euros en abril, un 53,2% por encima de los 81,55 euros del mismo mes del año pasado. Así lo pone de manifiesto el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC), que sitúa el recibo del último mes como el quinto más alto de la historia.

En abril de 2021, el precio del kWh de electricidad se situó en una media de 17,04 céntimos (con el 27,19% de impuestos indirectos incluidos). Este abril, el precio medio ha sido de 27,19 céntimos en horario valle, 30,51 céntimos en horario llano y 36,68 céntimos en horario punta (incluido el 10,55% de impuestos indirectos que se aplican en las facturas emitidas desde el pasado 16 de septiembre). La media aritmética entre los tres tramos ha sido de 31,46 céntimos, un 84,6% más que hace un año. La media ponderada tomando como referencia el consumo del usuario medio en cada tramo ha sido de 30,80 céntimos, un 80,8% más elevada que en abril de 2021.

El tope en el precio del megavatio hora (MWh) de gas que se aplicará desde mayo tras el acuerdo entre España y Portugal con la Comisión Europea no evitará que en 2022 los consumidores paguen el recibo más alto de toda la historia. Así, FACUA advierte de que los 40 euros/MWh para el gas que comenzarán a aplicarse en mayo -y subirán progresivamente hasta 50 a final de año- se traducirán en unos 140 euros/MWh para la electricidad en la subasta diaria.

Para propiciar una factura razonable, la asociación viene reclamando una fórmula de intervención tarifaria que limite a un máximo de 50 euros/MWh el precio de la electricidad en la subasta diaria -desde finales de los 90 y hasta mediados del año pasado estaba fijado en España en 180 euros, frente a los 3.000 actuales-. Con la fórmula de poner un tope al gas, éste debería situarse en poco más de 10 euros para lograr este objetivo.

El modelo de subasta marginalista es el origen de la especulación, de los desproporcionados precios que pagan los consumidores y de los beneficios de las eléctricas, por lo que la Comisión Europea debiera realizar un cambio radical en el sistema, dado que resulta disparatado que los consumidores tengan que pagar las energías más baratas al precio de las más caras. Y las más caras no son siempre las que tienen los costes de producción más altos -las que dependen del gas-, sino también las que, como viene ocurriendo con la hidroeléctrica, pujan en la subasta al mismo precio o incluso por encima de lo que lo hacen las centrales que queman gas.

FACUA insiste en exigir al Gobierno que proteja a las familias por la vía de declararlas a todas -excepto las rentas más altas- consumidores vulnerables, de manera que puedan acogerse coyunturalmente a un bono social especial, que les permitiría pagar tarifas con grandes descuentos sobre lo que dicta el mercado. Se trata de una fórmula que, en opinión de la asociación, respeta el derecho comunitario en materia eléctrica.