De acuerdo con lo que prevé la Ley General de Telecomunicaciones 11/2022, a partir del 29 de junio de este año las empresas domiciliadas en territorio del Estado español no pueden realizar llamadas con fines comerciales o de publicidad sin el consentimiento previo y expreso de la persona destinataria.

Con esta ley se reconoce el derecho a no recibir llamadas directas o automáticas no deseadas con fines comerciales, es decir, lo que se conoce como spam telefónico, salvo que sean llamadas consentidas, para cumplir una obligación legal o bien para proteger intereses vitales –emergencias , cuestiones de salud, etc.–, entre otros.

La prohibición de llamadas comerciales ni se cumple ni se controla

Pero ya sabemos que una cosa es predicar y otra dar trigo, igual de diferente que legislar y conseguir que te hagan caso. Es lo que está sucediendo con esta Ley y con la prohibición de las llamadas comerciales sin consentimiento previo, que las empresas la ignoran o se esconden para incumplirla, y es que hay demasiados intereses a su alrededor.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio consistente en devolver las llamadas a las empresas emisoras de las mismas, a fin de comprobar si es posible ejercer el derecho de revocación del consentimiento para el tratamiento de datos con fines comerciales.

El estudio arroja el preocupante resultado de solo poder identificar la empresa que realizaba la llamada para iniciar el proceso de revocación en tres ocasiones, respecto del casi centenar de llamadas controladas, es decir, solo en el 3% de los casos. En el resto, se trataba mayoritariamente de numeraciones en las que un mensaje indica que no es posible recibir llamadas, no existe el número, etc. Las empresas se esconden.

Asimismo, también se ha intentado solicitar la correcta identificación de la empresa en la primera llamada y, el resultado es que el operador cuelga de inmediato.

Por todo ello, OCU ha trasladado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) diversas propuestas encaminadas a dar solución a un problema latente y que trata de evitar la desprotección actual con la que se encuentran los consumidores ante estas llamadas comerciales. Propuestas tales como la creación de un registro común de autorizaciones para llamadas comerciales de forma que el consumidor pueda conocer a qué empresas les tiene otorgado el consentimiento y, que por parte de éstas exista la obligatoriedad de consultar este registro antes de formular estas llamadas.

La Lista Robinson tiene poca difusión y las empresas la ignoran

En relación con la conocida “Lista Robinson”, OCU solicita su renovación para que se permita al usuario que se inscribe anular de forma automática todos los consentimientos dados, obligando, de esta forma, a las empresas a confirmar que el mismo no ha sido revocado en una fecha posterior a su autorización, antes de realizar cualquier tipo de llamada comercial.

Por otro lado, para atajar la dificultad con la que cuenta el consumidor a la hora de identificar las empresas emisoras, mermando por ello la posibilidad de reclamar posteriormente o denunciar dicha práctica, OCU solicita que todas las numeraciones telefónicas vinculadas a un CIF dejen de tener una protección especial que dificulte identificar al titular sin intervención judicial. Del mismo modo, exige que todas las numeraciones utilizadas para realizar llamadas comerciales permitan al usuario devolver la llamada a esa numeración y ser atendido por un operador, ya que, en la mayoría de las ocasiones, los números que realizan esta gestión comercial no están habilitados para la recepción de llamadas, solo para la emisión.

OCU considera que para erradicar la desprotección actual que sufren los consumidores ante este tipo de prácticas comerciales, es necesario poner en práctica medidas como las indicadas que sirvan para proteger y dar seguridad a los mismos, solicitando para ello a la AEPD la adopción de las mismas.