Los recientes escándalos empresariales en contra de los consumidores han logrado que las instituciones europeas muevan ficha. Así, el Parlamento Europeo y los Estados de la UE  han llegado a un acuerdo para conseguir que los ciudadanos europeos puedan unirse y presentar demandas colectivas contra empresas por servicios defectuosos, sin las trabas que a este tipo de denuncias ponen numerosos estados, entre ellos España y que logran que las grandes empresas campen a sus anchas. Eso sí, han incorporado una serie de salvaguardias para evitar los excesos que hay en Estados Unidos con este tipo de demandas. Entre ellas, se incluye el principio de «el perdedor paga», que garantiza que la parte derrotada pague las costas del procedimiento a la parte ganadora.

Las demandas colectivas podrán cubrir los campos económicos de protección de datos, servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía y las telecomunicaciones. También el medio ambiente, la salud y los derechos de los pasajeros de avión y de tren. Este principio de acuerdo deberá ser ratificado por los 27 países miembros del bloque y su órgano legislativo en las próximas semanas. Los Estado europeos  tendrán un plazo de dos años para transponer a su legislación nacional la normativa de la UE.

La Comisión Europea ya anunció en 2018 esta propuesta, pero se retrasó por desacuerdos entre los países de la UE y los europarlamentarios. El BEUC, grupo europeo de defensa de los consumidores, ha acogido con satisfacción el acuerdo. que supone, en palabras de su directora general, Monique Goyens,  «poner la justicia al alcance de todos los consumidores de la UE». Los consumidores podrán así acudir por fin a los tribunales de forma colectiva «cuando sus derechos se vean perjudicados por el mismo comerciante».

Estas acciones colectivas deberán ser gestionadas por una asociación de consumidores u organismo público y cada  país de la UE deberá nombrar al menos una  de estas figuras para iniciar las acciones colectivas en nombre de los consumidores.