En un reciente webinar promovido por ASUFIN, la magistrada Margarita Poveda del juzgado especializado 3 de Palma de Mallorca, asegura que, como ocurrió con la primera cuestión prejudicial del IRPH, le gustaría que el TJUE permitiera a las partes preguntar al Banco de España y disponer de un informe del regulador

“Es imposible, yo no me lo creo, que ningún prestatario conociera este índice. Tuvo que ser algo que se ofreciera desde las entidades financieras”, continuó afirmando  la magistrada Margarita Poveda autora de las dos cuestiones prejudiciales que devuelven el polémico índice a Europa desde una perspectiva totalmente novedosa. Abundó en que, además, el hecho de que estas hipotecas se colocaran con un diferencial más bajo “se usaba como gancho”.

El IRPH, en tanto que índice elaborado en base a los precios medios TAE del mercado, incluidas comisiones y resto de gastos, ha resultado sistemáticamente más caro que el Euribor. Un extremo desconocido para el consumidor, y en este escenario, “el hecho de operar con diferenciales más bajos, como lo hacían las entidades, suponía perpetuar el engaño”. Es decir, un consumidor con un IRPH y un diferencial al 0,25% pensaba que su hipoteca iba a ser más ventajosa que un Euribor y diferencial al 0,75% o 1%, explicó.

Es más, afirmó la magistrada que “hay mucha gente, todavía hoy, que no sabe que tiene IRPH en su hipoteca. El Supremo nunca ha tenido en cuenta la iniciativa en la contratación”. Y puso como ejemplo la hipoteca multidivisa: “Muchos consumidores, especialmente del mundo aeronáutico, iban preguntando a las entidades por ese producto. Pero no tengo ninguna duda de que ningún consumidor fuera pidiendo un IRPH. Era un índice excepcional, sólo lo tienen menos de un 20% de los hipotecados y más caro que el Euribor”.

Las dos nuevas cuestiones prejudiciales que plantea a Luxemburgo la magistrada, una de las cuales ya tiene numeración, la C284/22, hacen necesaria la paralización de todos los procedimientos actuales, ya que todos los casos que queden inadmitidos o con sentencia negativa quedarán como cosa juzgada, generando indefensión entre los afectados. Patricia Suarez, presidenta de ASUFIN, instó al Supremo a dicha suspensión y aseguró que “es algo que estamos pidiendo a todas las instancias”.

La magistrada Poveda reveló que la Audiencia Provincial de Palma le ha pedido sendos autos, lo que podría ir en la dirección de dicha suspensión.

Ante la pregunta de por qué volvemos a Europa, tras haber resuelto el TJUE ya varias cuestiones sobre IRPH, la magistrada aseguró que “no está todo dicho, ni mucho menos”. Es más, los argumentos del último auto del TJUE, a propósito de las cuestiones planteadas por el 28 de Barcelona y el 2 de Ibiza “son pobres y rebatibles”. Además, le llama la atención “la reinterpretación del Derecho de la Unión que ha hecho el Supremo”. Cuestión denunciada por ASUFIN ante la Comisión Europea.