Ante la proliferación excesiva que estaban tomando estos locales de juego y su cercanía en algunos casos a centros educativos, la sociedad de movilizó y después de algunas manifestaciones y peticiones de las asociaciones de ludópatas, las diferentes administraciones prometieron controlar más sus actividades. Pero pasado lo álgido del problema ya casi nadie se acuerda y las sanciones que se hayan puesto a estos negocios, pocas o muchas, se mueven en la opacidad. Por ello, FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Consumo que cumpla con sus compromisos de hacer públicas las sanciones impuestas a empresas del sector del juego.

La asociación señala que el departamento que dirige Alberto Garzón no actualiza la información disponible acerca de estas multas desde el mes de mayo y corresponde a sanciones que se impusieron desde noviembre de 2021. La cantidad total impuesta por la Dirección General de Ordenación del Juego ascendió entonces a más 57 millones de euros, correspondientes a infracciones muy graves y graves.

En este sentido, FACUA recuerda que la reciente modificación de la Ley del Juego -a propuesta del propio Ministerio de Consumo- obliga a dar publicidad a todas las sanciones impuestas a empresas del sector que hayan cometido infracciones tipificadas como «graves» o «muy graves«.

Así, el artículo 47 bis de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, señala actualmente que «la autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página web, publicará las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa impuestas con arreglo a los tipos infractores de los artículos 39 y 40, una vez notificados a los interesados«.

Además, también señala que se deberá «publicar información actualizada sobre dominios web a través de los cuales se haya acreditado el ofrecimiento de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley careciendo del correspondiente título habilitante«.

FACUA señala la importancia de mantener dicha información actualizada para dar a los usuarios toda los datos disponibles acerca de las empresas sancionadas con la mayor transparencia, teniendo en cuenta, además, de que aquellas que acumulen infracciones muy graves en un periodo de dos años se arriesgan a perder la licencia para operar en España.