Después de varios años de tira y afloja entre las plataformas de alquiler temporal o vacacional y diferentes estados miembros de la Unión Europea que se han visto obligados a tomar distintas medidas para su control, la Comisión Europea ha presentado una serie de medidas para reforzar la transparencia en el negocio de alquiler de alojamientos de corta duración.
Y lo hace fijando su objetivo en negocios como Airbnb o Boooking cuya falta de trasparencia ha obligado a las autoridades a llevar un registro de los propietarios y sus bienes. Y no sólo a ellos, sino que las propias plataformas se han visto forzadas a vigilar que los pisos que muestran tienen un número de registro real, para prevenir distintos tipos de fraudes y no sólo fiscales.
La gran mayoría de Estados miembros disponen ya de distintos tipos de registros para estos alojamientos turísticos a nivel local, regional o nacional, pero Bruselas estima que están demasiado fragmentados y advierte de que no hay un control exhaustivo ni común sobre la información que reúnen. Y este es el objetivo comunitario, la armonización.
Para conseguirla, el Ejecutivo comunitario apuesta por normalizar a nivel europeo los requisitos de los diferentes registros, de modo que todos los propietarios —particulares o empresas— con alojamientos disponibles, informen de manera transparente quiénes son, qué inmuebles tienen en alquiler turístico y dónde se encuentran. Los registros deberán ser accesibles a través de Internet, fáciles de utilizar y contar con un número único de registro para cada propietario. Además, estos números de registro deberán ser públicos y aparecer claramente junto a las propiedades en las plataformas, que estarán obligadas a verificar que los dueños se han registrado y comunican los registros correctos.
Como sucede con la mayoría de las normas comunitarias serán las autoridades nacionales las responsables de controlar que las plataformas y usuarios cumplen con las nuevas normas, siendo también los Estados miembro los que deberán «prever sanciones para quienes no se lo tomen en serio y sepan así que pueden ser castigados si no cumplen». Las distintas administraciones tendrán la posibilidad de suspender números de registro y pedir a las plataformas que eliminen a los anfitriones que no cumplan las normas.
Desde el punto de vista fiscal se pretende también normalizar el intercambio de datos entre las plataformas de alquiler y las autoridades públicas, quede manera automatizada, deberán informar cada mes de diferentes cuestiones, como el número de noches alquiladas y del número de huéspedes alojados.
