La Ley de Servicios Digitales (por sus siglas en inglés, DSA correspondientes a “Digital Services Act”) es una norma de la Unión Europea diseñada con la intención de proteger a los consumidores y usuarios de contenidos ilegales, publicidad poco transparente y falta de información. Su aplicación no será obligatoria hasta febrero del próximo año. Pero hay excepciones.

La Ley de Servicios digitales ya afecta a las grandes plataformas

La DSA se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 27 de octubre de 2022 y aunque entró en vigor 20 días después de esa publicación, no resulta de aplicación hasta el 17 de febrero de 2024.

Si bien, en abril de este año, la Comisión Europea designó la lista de las diecinueve grandes plataformas en línea y motores de búsqueda, aquellos con más de 45 millones de usuarios europeos, entre los que se encuentran Amazon, Apple, Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter o Youtube, a los que concedió un plazo de cuatro meses para cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la norma, plazo que acaba de vencer.

Las mencionadas obligaciones nuevas incluyen entre otras cuestiones, ser transparentes con los consumidores, explicar por qué se les recomienda cierta información o controlar a los vendedores en los Marketplace, así como vigilar y mitigar el contenido ilegal. Los consumidores tendrán derecho a elegir sistemas de recomendación que no se basen en perfiles. Asimismo, tampoco será posible que las plataformas muestren anuncios basados en perfiles, que utilicen datos personales de niños o datos sensibles de una persona, como la orientación sexual o sus opiniones políticas.

Más transparencia para los consumidores

De igual modo la ley introduce el concepto de «responsabilidad algorítmica» por el que la Comisión Europea, así como los estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de las grandes plataformas online, obligadas a partir de ahora a eliminar los productos, servicios o contenidos ilegales rápidamente después de que se hayan denunciado.

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, solicita a las citadas plataformas que cumplan con la normativa vigente pues no solo redunda en beneficio de todos, sino que pretende establecer un entorno digital seguro y confiable tanto para consumidores como para el resto de los operadores del mercado digital.

Si no se adaptan a la nueva ley, OCU advierte que podrían ser sancionadas con multas de hasta el 6% de su facturación mundial, resultando además que para el caso de estos 19 gigantes tecnológicos, la Comisión Europea tendrá el poder exclusivo para exigir dicho cumplimiento.