Toda esta primera semana del mes de junio uno de los temas recurrentes ha sido la espectacular subida del precio de la luz, y eso que aún no nos ha llegado la factura. Las causas del incremento de precio son varias, entre ellas la nefasta manera de calcular el precio final de la cesta de energías que beneficia de forma clara a las eléctricas haciendo que cobren al precio más caro el producido por las centrales hidroeléctricas, de precio muy bajo, o el de las nucleares que ya están amortizadas.

Coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo sistema de tarificación por tramos horarios, el precio del kilovatio ha superado los casi 32 céntimos  en las horas punta y 15 céntimos en las  valle, lo que supone un récord histórico del mes de mayo tras experimentar otro récord en abril.

Pero no sólo se puede echar la culpa a la forma de calcular la tarifa o a que este país gracias a Aznar se quedara sin una compañía eléctrica nacional, como sí tienen muchos países del mundo occidental. El problema también es achacable a los obscenos beneficios de las eléctricas y a una pléyade de aprovechados que procedentes del mundo político se han ido a apesebrar en los consejos de administración de estas empresas. Es lo que se han llamado las «puertas giratorias«.

En estos últimos años, tras la privatización, el sistema eléctrico mantiene una de las situaciones más nefastas para los consumidores; una conexión entre el mundo político y el de los poderes económicos en el que la agenda y las relaciones, bien pagados por cierto, cuestan a nuestros bolsillos un verdadero riñón un año y la yema del otro al siguiente. Estos nuevos ejecutivos de las empresas energéticas, bancos o comunicaciones son los verdaderos conseguidores de leyes, tarifas y prebendas, sin olvidar el trato de favor judicial.

Sin remontarnos demasiado en el tiempo, entre 2018 y la primavera de este año, hasta una docena de ex-altos cargos y dirigentes de los dos principales partidos políticos del país y de otro como CiU, que siempre tuvo línea directa con los gobiernos, han pasado por los consejos de administración de las cuatro principales compañías eléctricas del país, comenzando casi todos ellos en Red Eléctrica, participada por el SEPI en un 27%.

Estamos hablando de Beatriz Corredor, ministra de Vivienda con el PSOE y ahora en Red Eléctrica; en la misma empresa y del mismo partido, estuvo el que fue Ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla; siguiendo el PSOE Maite Costa, que fue Presidenta de la Comisión Nacional de Energía. Del PP es el que fuera Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa. De nuevo del PSOE, Alberto Carbajo, antiguo Director General de Minas y José Juan Ruiz, ex Secretario de Estado de Economía. Por el Partido Popular José Luis Feito Higueruela, antiguo alto cargo del Banco de España y del Ministerio de Economía. En Endesa tenemos a Miquel Roca Junyent, ex portavoz de CIU en el Congreso de los Diputados y a Borja Acha Vesga, directivo de SEPI. En Iberdrola tenemos a Angel Acebes, que fuera Ministro del Interior con el PP y, finalmente en Naturgy estuvo Cristina Garmendia, antigua Ministra de Ciencia e Innovación socialista y Fernando Becker , Consejero de Economía por el PP en las Cortes de Castilla y León.

No se puede probar que todos estos ex altos cargos políticos tengan que ver con las prebendas que reciben las eléctricas, pero si es una sospecha más que firme. En todo caso, cuando les llegue este fin de mes la factura de la luz acuérdese de los nombres de los que han podido influir en que las eléctricas le vacíen el bolsillo.