La estrategia del Supremo para defender los intereses de la banca hace cada vez más aguas y es que muchos jueces se están rebelando ante el desatino. En concreto, los juzgados de Palma no van a seguir tramitando los procedimientos de IRPH, siguiendo los pasos de de los juzgados de Menorca e Ibiza. Esto se traduce en que todos los afectados de esta comunidad autónoma estarán protegidos de fallos en firme que resulten desfavorables, mientras en Europa se sigue dirimiendo sobre este polémico índice que soportan cerca de un millón de familias, unas 25.000 en Baleares, según algunas estimaciones.

El hecho viene al caso porque el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tiene sobre la mesa en estos momentos dos cuestiones prejudiciales planteadas por juzgados españoles, una del 38 de Barcelona y otra del 2 de Ibiza, que exigen más claridad sobre el carácter abusivo, por falta de transparencia, de esta cláusula. La misma imponía un tipo de interés, el IRPH, que ha encarecido sistemáticamente las hipotecas de los afectados.

Ya el mes de enero, el propio Tribunal Supremo dictó una providencia de la que se deducía su intención de pausar los procedimientos en curso hasta obtener nuevas aclaraciones de Luxemburgo. Comunicó así que deseaba recabar “información del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la cuestión prejudicial elevada por el juzgado 38 de Barcelona, con dudas en torno al IRPH.

La presidenta de la asociación de usuarios financieros Asufin, Patricia Suárez, ha declarado que “la decisión de los tribunales de Palma va en la buena dirección y esperamos que se extienda por el resto de sedes judiciales de todo el país ya que la batalla del IRPH no se ha perdido, ni  mucho menos”. Suárez recuerda que hasta la propia Comisión Europea asegura seguir muy pendiente de la tramitación de las cuestiones prejudiciales sobre este índice, como así ha manifestado por escrito a la asociación en respuesta a su demanda contra el Supremo por la interpretación errónea del control de transparencia, en las cinco sentencias de noviembre pasado.

La denuncia contra el Supremo se elevó ante la Comisión de la Unión Europea por la reiterada y sistemática vulneración de las directivas y tratados europeos en materia de protección al consumidor, haciendo hincapié en la contradictoria interpretación que hace en materia de IRPH. En la misma se instó a las instituciones europeas a realizar “las oportunas averiguaciones y en su caso abrir procedimiento de infracción” a fin de garantizar que en España se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión. La respuesta provisional de la CE ha consistido en esperar a que el TJUE resuelva las dos cuestiones prejudiciales que tiene pendientes.