Cuando llega el momento en que ni tan siquiera puedes fiarte del Jabugo, no sólo uno de los pilares en que descansa nuestro orgullo patrio, sino también la diferencia entre una comida normal y otra de papel couché, acompañando al salmón del Bidasoa y las angulas de Aginaga, hay que empezar a preocuparse. Puede ser el cambio climático o una conspiración bolivariana, pero esto antes no pasaba.

El caso es que la Guardia Civil ha intervenido en Jabugo y Santa Olalla del Cala (Huelva) un total de 624 jamones y 16 paletas no aptos para el consumo humano con un valor en mercado de 94.640 euros, e investigan a cuatro personas relacionadas con tres empresas como autores de los delitos contra la salud pública de los consumidores, falsedad documental y estafa.

Según indica el Instituto Armado en una nota de prensa, a otras cuatro empresas más se les ha levantado actas de denuncia por diferentes infracciones administrativas en el ámbito de la salud pública.

Todo comenzó en el mes de febrero cuando se tuvo conocimiento de la utilización de un etiquetado fraudulento en jamones y paletas de un establecimiento de alimentación al por menor de la localidad de Jabugo.

Así, tras investigaciones y gestiones llevadas a cabo por los agentes encargados del operativo, se realizaron diversas inspecciones en el establecimiento indicado, inmovilizándose 151 jamones y 16 paletas con una valoración en el mercado de 19.640 euros, de los cuales, al no poder acreditarse su trazabilidad, se destruyeron 124 jamones y las 16 paletas, que arrojaban un peso de 1.020 kilos.

Según la Guardia Civil, la mercancía destruida suponía «un riesgo para la salud de las personas«, ya que se producía un reetiquetado ilegal de las piezas expuestas al público para su venta, «induciendo a error a los consumidores y lucrándose económicamente con su venta«.

Esta organización se encontraba activa desde hace unos años en la Sierra de Huelva y se dedicaba a la venta de jamones y paletas de manera «fraudulenta» al manipular el etiquetado de origen de las piezas para reetiquetar de manera ilegal al objeto de vender el producto con su marca. Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. A este proceso conjunto iniciado en febrero de este año se le ha denominado Operación Ibericor.

Asimismo, los agentes inmovilizaron 500 jamones en un secadero clandestino ubicado dentro de una nave de una finca de Santa Olalla del Cala, ya que carecía de registro sanitario como secadero o almacén de jamones. Tras otra inspección con agentes de Salud Pública, el secadero se volvió a precintar al no acreditar su propietario la trazabilidad de los productos y si eran aptos o no para consumo humano, siendo puestos a disposición de la autoridad sanitaria.

También se inspeccionó una finca situada en el Real de la Jara (Sevilla) donde se recibieron jamones del secadero clandestino, siendo aprehendidas cuatro toneladas de carne de caza mayor y 200 kilos de carne de cerdo todo ello congelado y caducado, no aptos para consumo humano. Los productos intervenidos han sido destruidos en una planta de incineración de Sevilla.

En total se han intervenido 624 jamones y 16 paletas, carnes de caza mayor y productos cárnicos por valor de 144.640 euros. Este tipo de servicios son desarrollados por la Guardia Civil para impulsar las investigaciones sobre actividades ilícitas que afectan a las denominaciones de Origen y marcas españolas.