Una vez más la presión de los ciudadanos organizados ha conseguido dar la vuelta a una resolución judicial a todas luces injusta. Francisco Barrera, anciano octogenario y enfermo de cáncer, no fue desahuciado de la casa en la que habita desde hace cincuenta años. Su delito para la jueza que lo condenó era dar de comer a los gorriones. El juzgado ha paralizado el desahucio durante un mes atendiendo in extremis a un escrito de los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada en el que se alega que el encausado no tiene «alternativa habitacional», que no por reconocer haber impartido injusticia.

El colectivo Stop Desahucios Granada convocó a todos los activistas y a la población en general paraa que acudiera a las 9.00 al domicilio de Francisco Barrera para impedir el desahucio. Y así sucedió. Una nutrida multitud se reunió por la mañana en el portal del número 5 de la Acera de San Ildefonso (una edificación aparcelada, a tiro de piedra del Arco de Elvira) para arropar a Francisco Barrera, de 83 años. Quien, una vez evitado el lanzamiento, quiso salir a dar las gracias a todos personalmente. El anciano emocionado reconocía que el apoyo de la multitud congregada ante su casa le había dado la vida y se mostraba sorprendido ante la cantidad de gente que le había apoyado.

El delito gravísimo de Francisco Barrera era dar de comer a los gorriones desde la ventana de su casa. El anciano vive solo, atendido por su hija y por un trabajador de los servicios sociales. Hace ya años que no da de comer a los animales lo que no ha impedido que la denuncia, presentada hace seis años por el entonces presidente de la comunidad, haya finalizado con la jueza dictando sentencia de desahucio.

Fue el pasado 8 de septiembre -con los plazos para recurrir consumados- cuando su hija tuvo conocimiento de la sentencia del 9 de abril de 2013, por la cual la titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Granada, Amparo Frías, determinaba que «concurren los requisitos necesarios para acordar la privación de uso de la vivienda en virtud de lo dispuesto (…) por el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal que dice que al propietario y al ocupante del piso no les está permitido desarrollar actividades prohibidas, dañosas, insalubres…», por lo cual «si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida (…) la privación del derecho al uso de la vivienda local por tiempo no superior a tres años, en función de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no es el propietario, la sentencia podrá declarar cesados definitivamente todos sus derechos relativos a la vivida o local, así como su inmediato lanzamiento».

Su hija intentó hablar con la jueza después de conocer la notificación del desahucio explicándole que su padre estaba enfermo, pero Amparo Frías, la jueza, contestó que no quería saber nada. Francisco no pudo siquiera defenderse cuando se llevó a cabo el juicio del 11 de abril de 2013: se encontraba ingresado en el hospital, debido al cáncer de próstata que padece.

La organización Stop Desahucios afirma que Francisco tampoco contó con un abogado de oficio que pudiera interponer un recurso para paralizar el desahucio ante el juez, cuando él estaba hospitalizado de gravedad.

Las viviendas del bloque donde vive Francisco son propiedad del Ayuntamiento de Granada, que las vendió a antiguos militares retirados. Paga 185 euros mensuales a la empresa municipal de viviendas Emuvisa. Pero la jueza, Amparo Frías, no ha paralizado el desahucio, tan sólo lo ha retrasado un mes. Y si no hacemos nada para evitarlo Francisco puede terminar sus días en la calle por haber dado de comer a los gorriones.

Mientras cosas así suceden en nuestra España Cañí, otros duermen en sus camas tras haber robado millones a todos los españoles, ni tan siquiera tienen que devolver lo robado. Hasta 40.000 millones de euros al año nos cuesta la corrupción que permitimos.