En su constante búsqueda de votos en su derecha  y su izquierda, arriba, abajo y hasta en su propio ombligo si es necesario, lo que le ha convertido en un experto bailador de yenka, el ciudadano Albert Rivera ha estado jugando al desconcierto con la tramitación en el Congreso de la Ley de Vivienda, que presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), fue vetada por el Gobierno el pasado viernes. Como era de esperar, después de haber estado dando todo tipo de argumentos, tanto a favor como en contra del veto, C’s, que dispone de dos votos en la Mesa del Congreso, ha apoyado la postura del Gobierno y ha echado abajo las esperanzas de debatir la propuesta, aunque echando la culpa al PP e intentando pescar algo en la marea resultante.

Como en anteriores ocasiones, la Mesa del Congreso aceptó el escrito del Gobierno, recordando que es la Constitución, la que habilita al Ejecutivo para bloquear iniciativas legislativas que considera contrarias a su política presupuestaria, por suponer aumento de gasto o disminución de ingresos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha argumentado para ejercer este veto, que la iniciativa de la PAH podría suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros durante los próximos veinte años.

Ya hace unos días la formación naranja adelantaba que no se opondrían al veto del Gobierno, que es lo que acostumbran a  hacer en estos casos de Mariano con algún apuro. Posición un tanto discordante con la de los concejales y diputados autonómicos riveristas, que han apoyado las más de 100 mociones a favor de esta ley, aprobadas en ayuntamientos de todo el país y en 14 parlamentos autonómicos.

La situación estaba clara para la organización de afectados por la hipoteca, que había organizado manifestaciones frente a distintas sedes de Ciudadanos para intentar que desistieran de votar con el PP, solicitando al mismo tiempo reuniones, que han sido sistemáticamente ignoradas, y que una vez consumado el veto, Ciudadanos asegura desconocer, “pero que estaría dispuesto a recibirles”…jajajaja

Los números esgrimidos por el Ejecutivo se compadecen poco con los que maneja la PAH. La organización ha intentado que las cifras no pesen más en la balanza que las vidas de las familias desahuciadas. Y por ello, para evitar el veto del Gobierno, que alegaba razones presupuestarias, diseñaron la propuesta presentada de manera que el rescate a la ciudadanía no procediese de las arcas públicas, sino de los causantes de la emergencia habitacional. Es decir, de los bancos, a los que se obligaría a paralizar los desahucios y a conceder alquileres sociales, de las suministradoras de servicios esenciales, que ya no podrían cortar el agua, la luz y el gas a familias vulnerables y los fondos buitre, que ya no podrían manipular el mercado de los alquileres en beneficio propio,  con subidas desproporcionadas.

Además, añadían una cláusula que permitía retrasar las medidas que afectaran a los Presupuestos Generales del Estado al ejercicio siguiente.

No ha servido para nada, ya que Rajoy ha trasladado, con su gesto habitual de ponerse las rodilleras cuando aparecen los bancos en escena, el coste que tendría para las  empresas privadas a las arcas públicas. Así, la obligación de ceder viviendas vacías, por parte de bancos, propuesta por la PAH, para que sean administradas como alquiler social la próxima década, es decir, casi 300.000 viviendas privadas que, a razón de 3.600 euros al año de alquiler, tendría un coste anual de 1.071 millones (10.710 millones al cabo de los diez años). Y otras 50.000 viviendas de grandes tenedores -fondos buitre- que obligarían a un coste anual de 189 millones, lo que supone 3.780 millones al final de las dos décadas de alquiler social a las que se les obligaría. A ello se suma, según el Gobierno, el cambio de calificación de vivienda pública de régimen de propiedad a alquiler social, que a su juicio pasa por la expropiación. En total, habría que destinar 75.000 millones para proceder a ese cambio obligatorio, con el que poder disponer de  1,25 millones de viviendas protegidas públicas.

La propuesta impulsada por la PAH es una clara continuación de la propuesta del 2013, que, aunque avalada por más de 1,4 millones de firmas, también terminó en la papelera. Aunque eso sí, el Partido Popular, en un alarde de desfachatez excesivo, incluso para ellos,  continúa manteniendo que es la base de la Ley que impulsaron en su momento, aunque siempre se ha comentado que la escribieron  los bancos. Ahora, la PAH ha vuelto a la carga, con las mismas reivindicaciones y otras nuevas, como el problema del alquiler.

Cinco son las reclamaciones que la plataforma considera básicas para una ley de vivienda mínimamente digna: que no se produzcan desahucios sin alternativa habitacional; regular el precio del alquiler; la dación en pago reatroactiva; que se realoje temporalmente a familias en emergencia en pisos vacíos de la banca y combatir la pobreza energética.

Y es que a pesar del pacto de silencio reinante, los desahucios continúan produciéndose en nuestro país, nada menos que 63.145 durante el pasado año, es decir, uno cada 8 minutos según datos de la plataforma de afectados.

Una vez conocida la votación, la PAH ha presentado un recurso en el Congreso que obligará a la mesa a volver a debatir sobre este asunto en pocas semanas, aunque con ninguna expectativa.  Se anuncian movilizaciones  y se cuenta con el inútil apoyo en el Congreso de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDCat, Compromís y Bildu.

Por su parte Rivera, tras jugar al despiste, como siempre, intenta desmarcarse de las consecuencias de su voto con el PP, de lo que ya casi ni se acuerda  y en un alarde de oportunismo político muy cogido por los pelos, ha planteado una “Ley de segunda oportunidad” que no incluye ninguna medida para acabar con los desahucios y con la que pretende aprovecharse de las expectativas y el ruido causado por la Ley de la PAH…un tanto deleznable el tanto que quiere apuntarse el partido de Rivera y que no aporta ninguna solución para las 700.000 familias desahuciadas y con deudas.

Es preciso recordar que fue Rivera, con su apoyo, el que impidió que se debatiera una subida de las pensiones en el Congreso y sería bueno no olvidarlo cuando venga a pedirnos el voto a todos los que ya peinamos canas. El ciudadano es una anguila resbaladiza, que se mueve con soltura y engorda en la charca putrefacta llena de ranas desnortadas de éste PP en minoría. Pero en menos de dos años, cuando vuelva a inundar las calles con sus carteles de camisa azul, no recordará nada de todo esto, ni del légamo ideológico en que se nutría. Pero yo sí y espero que muchos más también.

Eduardo Lizarraga

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