Según los datos del INE, cerca de 23.000 personas que no tienen hogar en España, utilizan los albergues públicos. En estas cifras no se contabilizan el resto de personas sin hogar que rechazan los albergues, no pueden acceder a ellos o viven en la calle, asentamientos o viviendas ocupadas. Se calcula que, sólo en Madrid, más de 2.000 personas duermen en las calles cada noche. Falta sin embargo una estadística real de cuántos son los españoles que no disponen de una vivienda para poder arraigarse.

 

Esos datos complementan los recién publicados por el INE para aportar una  radiografía de la exclusión social en España. Entre las causas de esa exclusión social destacan la pérdida de trabajo, la imposibilidad de hacer frente al pago de la vivienda y las separaciones sentimentales, como los principales motivos que precipitan la caída de estas personas.

 

Desde las distintas administraciones se pueden habilitar viviendas vacías para alquileres sociales de bajo coste, con el objetivo de proteger a muchas personas en riesgo de exclusión social . El gobierno de Andalucía con su decreto, ingtenta habilitar viviendas vacías en propiedad de bancos para familias desahuciadas por entidades que, muchas veces, han sido rescatadas con dinero público. En esas familias hay ancianos, niños y personas con discapacidad, lo que ha movilizado a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En Andalucía también se ha adaptado los precios de los alquileres a la situación económica de los inquilinos. Se busca que nadie pague una cuota mensual de alquiler que supere el 25% de sus ingresos.

 

A la falta de recursos y el desempleo se suman al desarraigo, la soledad,  los problemas con las drogas y el alcohol, enfermedades mentales,  las agresiones que sufren y a la extensión de tópicos y prejuicios.

 

 

Por medio de programas de sensibilización y de información, es posible fomentar la confianza de las personas sin hogar para que se acerquen a los recursos facilitados. Distintas organizaciones coinciden en la necesidad de limitar el tiempo de permanencia en albergues para evitar que las personas se institucionalicen. Esto se complementa con un sistema de búsqueda de viviendas y facilidades para acceder a servicios sanitarios y psicológicos. Las organizaciones sociales disponen de la  legitimidad democrática para promover y exigir este tipo de medidas. La crisis no puede servir de excusa para dejar de poner medios necesarios para la prevención y para la reintegración de personas que han perdido su hogar.