Los cambios que se están produciendo en el mercado inmobiliario también están propiciando cambios en el número y origen de los desahucios en nuestros país. Atenuada la crisis hipotecaria, resuelta con la pérdida de su vivienda por parte de centenares de miles de familias, ahora llega la segunda derivada, cuando muchas de estas familias ya desahuciadas de la propiedad de su vivienda y con una deuda de por vida, se están viendo desahuciadas por no poder asumir la subida inmisericorde de los alquileres, impulsada por intereses privados y que triplica o cuadriplica el IPC  y, por supuesto, el aumento de los salarios. Aunque no podemos olvidar los desahucios hipotecarios que vuelven a incrementarse.

Según los datos del CGPJ, en el segundo trimestre de este año, se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 sólo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491, los 989 restantes se dan por otras causas, como por ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidemos de la apertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios, con 20.526 en referencia a este mismo trimestre, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos nos podemos dar cuenta que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene trazas de hacerlo.

Por desgracia, estos datos confirman la continuidad de la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y la estadística puede todavía empeorar, si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP  en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

La PAH continúa en su lucha contra los desahucios y por el derecho de una vivienda digna para todos los españoles y por eso exige al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias sean penalizados fiscalmente por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.

Exigimos, además, la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca, arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética.

Todo ello con la vista puesta en el próximo día 17,  en que finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Viviendas de la PAH y cuando los distintos partidos y grupos políticos deberán enseñar sus cartas para atajar la situación de emergencia habitacional que vive el país. El momento de la verdad  ante la ciudadanía más desprotegida.